El Ayuntamiento de Málaga investiga el pago de una obra antes ser realizada

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga ha abierto una investigación para esclarecer por qué se han pagado 39 millones de pesetas de una obra de conducción de agua no potable en el paseo marítimo de Pedregalejo antes de que se haya realizado. La obra fue certificada por la empresa mixta de limpieza, Limasa, el pasado mes de enero y, pese a ser abonada, no comenzó hasta el viernes 9 de junio, según confirmó ayer este diario.

El alcalde, Francisco de la Torre (PP), firmó el decreto de apertura del expediente informativo el pasado lunes, día en el que se reunió el Consejo de Administración de Limasa en el que se dio cuenta de la existencia de la investigación. Fuentes municipales han reconocido que el pago se ha realizado de manera irregular y que el expediente abierto tiene por objeto "conocer las causas para actuar después en consecuencia".Las obras en cuestión consisten en la conducción de una tubería desde un pozo de agua no potable con una boca de riego para el baldeo y limpieza del paseo marítimo de Pedregalejo. La obra fue incluida como realizada por Limasa en la certificación que esta sociedad pasa al Ayuntamiento por sus servicios el pasado mes de enero y fue abonada.

Las obras no comenzaron hasta el pasado viernes. El portavoz adjunto de Izquierda Unida (IU), José Luis Portillo, insistió ayer en la gravedad del asunto. "Estamos hablando de un delito", aseguró, "porque hay una factura pagada por una obra que no se ha hecho y que está certificada como si se hubiera realizado". IU ha pedido que se depuren responsabilidades técnicas y políticas.

Fuentes del equipo de Gobierno consultadas sin embargo están convencidas de que "no ha habido mala fe" y que probablemente todo se deba a "un error en el procedimiento administrativo o a causas técnicas que hayan obligado a retrasar la obra".

IU además entiende que este hecho viene a enturbiar el procedimiento de adjudicación del servicio de limpieza, que se será otorgado por un periodo de 25 años con un canon estimado de 10.000 millones anuales. La oposición ya ha cuestionado que el pliego de condiciones está hecho para favorecer los intereses de Fomento de Construcciones y Contratas, empresa privada socia del Ayuntamiento en Limasa. Según IU, si se demuestra que se ha certificado y cobrado una obra no realizada, Fomento debería quedar inhabilitada para ser de nuevo la adjudicataria del servicio.

Además, IU se ha quejado también del oscurantismo del equipo de Gobierno, que el pasado viernes negó información sobre el mandamiento de pago alegando que forma parte de un expediente reservado que no es de libre acceso.