El Gobierno culmina con los cambios en Presidencia la reorganización de las consejerías tras las elecciones

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la nueva estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, que incorpora la coordinación de todas las políticas relacionadas con la sociedad de la información a través de una nueva secretaría general, que tendrá rango de viceconsejería. Presidencia cierra, un mes después de tomar posesión el Ejecutivo, el proceso de cambios en las consejerías, aunque aún quedan pendientes nombramientos de segundo nivel.Se trata de la secretaría general para la Sociedad de la Información, que será ocupada por José Carlos Alarcón Arévalo, de 44 años e ingeniero de Telecomunicaciones, quien desde 1996 ha ocupado la Dirección General de Comunicación Social de la Junta. El objetivo de esta secretaría general es la elaboración de un plan estratégico, que recoja los plazos y las prioridades de la sociedad de la información; la creación de un portal de la Junta de Andalucía en Internet para facilitar información de la Administración autonómica y la extensión de la red de comunicaciones a todos los centros de la Administración. De esta secretaría general dependerán las direcciones generales de Comunicación Social y la de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, de nueva creación y que será ocupada por José María Rodríguez Sánchez, ingeniero industrial que desde 1997 ha estado al frente del Servicio de Telecomunicaciones de Presidencia.

El portavoz del Gobierno andaluz, Rafael Camacho, explicó que el objetivo de la nueva estructura orgánica de la Consejería de Presidencia es diseñar una "estrategia global, coherente y coordinada" para que en todos los departamentos del Gobierno andaluz se garantice el aprovechamiento de la sociedad de la información y, en definitiva, que todos los andaluces "puedan aprovecharse de las ventajas de Internet".

Consultas populares

Por otro lado, el Consejo de Gobierno acordó ayer remitir de nuevo al Parlamento el proyecto de ley por el que se regulan las consultas populares locales en la comunidad, cuyo resultados no tendrán carácter vinculante. El texto entró en la Cámara en la anterior legislatura y decayó al convocarse elecciones autonómicas durante su tramitación.

Esta norma se ajusta a las previsiones de la Ley de Bases de Régimen Local, que establece la posibilidad de que los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno del Ayuntamiento y autorización del Gobierno de la nación, puedan someter a consulta popular aquellos asuntos que se consideren de especial relevancia.

Un grupo de vecinos, cuyo número mínimo dependerá de la población del municipio, podrá solicitar a la corporación la realización de esta consulta, que no podrá coincidir en ningún caso con la convocatoria de un proceso electoral. La solicitud deberá ser tramitada por el alcalde ante la Junta.