Las eléctricas han cobrado ya la cuarta parte de las ayudas pactadas en 1998 con Industria

Las eléctricas han ingresado hasta abril 334.000 millones de las ayudas pactadas en 1998 con Industria y que ascienden a 1,3 billones (algo más del 25%). Las eléctricas han recibido esa cantidad neta tras haberse descontado 51.000 millones de excesos de precio cobrados en 1998 y 1999. Estas ayudas (conocidas como Costes de Transición a la Competencia, CTC) siguen pendientes de autorización por Bruselas tras casi dos años. El PSOE, que quiere reducirlos, volverá a la carga con un argumento del informe de Competencia sobre la fusión entre Fenosa y Cantábrico: los CTC "desincentivan" el control de los precios.

Los 334.000 millones cobrados por las empresas hasta abril, según datos de la Comisión de la Energía, podrían haber superado los 385.000 millones si los precios de la electricidad se hubieran mantenido en torno al precio pactado en 1998 de seis pesetas por kilowatio. Sin embargo, en los años 1998 y 1999, los precios medios superaron esa cifra. Por ello, este mismo año, la citada comisión ha procedido a descontar 17.000 millones por sobreprecio del ejercicio 1998 y 34.000 millones del ejercicio 1999. Descuento total: 51.000 millones.Pese a haber cobrado la cuarta parte de las ayudas -vía 4,5% de recargo en la factura de la electricidad-, las compañías eléctricas están muy inquietas. La Comisión Europea, tras casi dos años de análisis aún no ha decidido si las ayudas son legales tal y como fueron pactadas.

Desde el año 1998, las empresas han venido escuchando al Gobierno que la aprobación de las ayudas por Bruselas era inminente y que, además, podrían cobrar por adelantado la mayor parte del dinero pactado con el anterior ministro de Industria, Josep Piqué. Fue el propio Piqué, durante sus últimos meses como titular de esa cartera, el que aseguró a final del pasado año que la aprobación estaba próxima. Sin embargo, la autorización de Bruselas no acaba de llegar (la asociación que agrupa a las empresas, Unesa, sigue sosteniendo que es inminente) y los acontecimientos nuevos, no precisamente favorables para sus tesis, se acumulan.

Así por ejemplo, la Comisión de la Energía que preside Pedro Meroño investiga desde el pasado mes de abril qué está sucediendo con los precios de la electricidad (ver gráfico) en el mercado mayorista -las empresas ofrecen la energía que producen- que han llegado a superar en un 30% el máximo precio previsto cuando se pactaron las ayudas, que es de seis pesetas por kilowatio.

Además, el Tribunal de Defensa de la Competencia, en su informe sobre la fracasada fusión entre Unión Fenosa e Hidrocantábrico señaló que el cobro por adelantado de las ayudas, mediante su colocación en los mercados, a través de los bancos (titulización), "eliminaría el actual desincentivo a que el precio del mercado mayorista sobrepase un determinado nivel".

Límites

Ante la posibilidad de que las ayudas se aprueben finalmente, el Tribunal que preside Amadeo Petitbó concluyó que "se hace especialmente necesaria y urgente la imposición de límites a la concentración del mercado". Esta recomendación fue seguida al pie de la letra por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, que vetó la compra de Hidrocantábrico por Unión Fenosa y dejó claro que en la actual situación del mercado de la electricidad, el Gobierno no autorizará ninguna fusión entre empresas españolas.

Las conclusiones del Tribunal de la Competencia forman parte de la batería argumental que la oposición socialista ha llevado al Parlamento Europeo y al mismo despacho del comisario de la Competencia, Mario Monti.

El eurodiputado socialista Luis Berenguer ha planteado una serie de preguntas orales a la Comisión Europea en las que, entre otras cosas, recuerda que "el Tribunal de Defensa de la Competencia considera que no existe competencia efectiva en el mercado de generación de electricidad en España dada la situación de oligopolio cerrado existente en dicho mercado".

Por ello, el eurodiputado pregunta al Ejecutivo comunitario: "¿Va la Comisión a contradecir al Tribunal de Defensa de la Competencia español y considerar que existe de hecho una situación de transición a la competencia que merece ser tenida en cuenta para el abono de los CTC?". "¿Cómo cree la Comisión que la concesión de 1,3 billones de pesetas a cuatro empresas que forman parte de un oligopolio cerrado con marcada ausencia de competencia ni actual ni potencial puede redundar en beneficio de la competencia y de los consumidores españoles?"

La incertidumbre sobre la aprobación de las ayudas, tras un año y medio de consultas e incluso un recurso del Gobierno ante el Tribunal de Luxemburgo contra la decisión de Bruselas de tramitar los CTC como ayudas de Estado, se suma a la posible adopción por el Gobierno de nuevas medidas liberalizadoras en el sector eléctrico.