La Fiscalía de Alicante pedirá a Justicia la modificación de la Ley del Jurado
La Fiscalía de Alicante pedirá al Ministerio de Justicia la modificación de la Ley del Jurado, según anunció ayer el fiscal jefe, José Antonio Romero. Los fiscales de Alicante han expresado "su sorpresa" ante los veredictos del tribunal popular, especialmente el último, a raíz del juicio a una mujer acusada de matar a martillazos a su esposo, en colaboración con dos jóvenes. El ministerio público mantenía que los autores materiales de los hechos fueron los jóvenes y, por contra, el jurado declaró inocente a uno de ellos y al segundo, únicamente culpable por encubrimiento.
El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, se hizo ayer eco de la queja expresada por Juan Carlos López Coig, fiscal del caso antes mentado. "Sin ánimo de criticar o alabar el veredicto, la Ley del Jurado necesita una modificación", expresó López Coig tras conocer el veredicto del jurado que declaraba inocente a uno de los jóvenes procesados, culpable por encubrimiento al segundo, y autora material del crimen a la mujer. Este fiscal también anunció su intención de recurrir el fallo del tribunal popular, porque, a su juicio, había pruebas suficientes para demostrar que los autores materiales del asesinato fueron los dos procesados, y no la mujer. La acusación pública mantiene que la mujer fue únicamente coautora de los hechos, al contratar a los jóvenes para acabar con la vida de su marido a cambio de una suma de dinero.Romero aseguró que la decisión de solicitar al fiscal general del Estado una reforma de la Ley del Jurado se efectuará una vez que el asunto sea debatido en el seno de la Junta de Fiscales de la Audiencia. Romero tampoco se pronunció sobre qué aspectos del tribunal popular se han de modificar. "Todo ello se abordará en la próxima reunión de la Junta de Fiscales", dijo.
El polémico veredicto del jurado llegó tras tres sesiones de vista oral y varias horas de deliberaciones de los nueve miembros del tribunal. Con anterioridad a este veredicto, apenas dos semanas antes, el magistrado se vio obligado a disolver el jurado convocado para juzgar otro parricidio. En este caso el procesado era un hombre acusado de matar a su mujer, a quien asestó 33 puñaladas antes de aplastarle la cabeza con una piedra de 30 kilogramos. Los hechos ocurrieron en 1998 en un descampado, en el término de Crevillent. El ministerio público consideró acreditado que el hombre fue el autor material de los hechos. Sin embargo, el jurado, igualmente tras varias horas de deliberación, no alcanzó la mayoría necesaria para declararlo culpable o inocente: 5 miembros votaron a favor de su culpabilidad y 4 mantuvieron que era inocente (la ley recoge que para declarar a un procesado culpable es necesario mayoría absoluta, es decir, siete votos de los nueve miembros del jurado, mientras para la inocencia es suficiente con 5 votos a favor). Ante la imposibilidad del tribunal popular de consensuar un fallo por mayoría, el presidente de la sala lo disolvió. Ahora, se ha de convocar un nuevo jurado y repetirse en su integridad la vista oral del caso.
Los fiscales de Alicante no están solos en su críticas o "preocupación" ante los veredictos que emiten los tribunales populares y, por ende, en su petición de reclamar una reforma de esta ley. Por ejemplo, la modificación de la ley de jurado es una de las sugerencias que recientemente han planteado los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las comunidades autónomas a petición del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado.
La actual regulación de la ley del jurado es una de las materias que más incidencia tiene en los informes aportados. El presidente del TSJ valenciano, Juan Luis de la Rúa, por ejemplo, se ha pronunciado en el sentido de que debe revisarse la lista de los delitos sometidos al jurado y también considera necesaria una reforma del procedimiento en lo que a los recursos se refiere. Mientras, el TSJ de Aragón aboga lisa y llanamente por la supresión de la ley porque "carece de arraigo en nuestra sociedad, no entraña un plus de justicia, la cada vez mayor complejidad del mundo jurídico precisa cada día mayores conocimientos del derecho, y porque el juicio con jurado es caro". El TSJ de Cataluña es menos radical y se muestra partidario de limitar, como el valenciano, los delitos atribuidos al conocimiento del jurado, e introduce la posibilidad de elección del acusado entre este sistema y el tribunal técnico y la restricción del jurado al ámbito de los hechos. Mientras, el TSJ de Madrid propone asignar un número de magistrados, entre cinco o seis, para el enjuiciamiento de las causas con jurado, "y eliminar el catálogo de delitos aquellos que no sólo no en están en sintonía con la exposición de motivos de las leyes, sino que la contradicen abiertamente".
Tribunales de las distintas audiencias provinciales de España se han visto obligados a repetir juicios ante la incapacidad del jurado de emitir veredicto.
