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Tráfico de votos rurales en México

Adela Pólito es una aldeana analfabeta de Veracruz, y de la oposición, que imputó engaño a Marisela Temich, promotora del Programa para Educación, Salud y Alimentación (Progresa) y del candidato oficialista, Francisco Labastida. "¿Pero nos dijiste que el Progresa no es para andar politiqueando?", espetó Adela al recibir una ayuda en efectivo y el apremio de votar por el Gobierno. "Pos sí, pero ahora sí, pero nomás hasta julio", respondió aquélla. El 2 de julio se acometen las presidenciales más disputadas, plurales y limpias de la historia de México y la cacería es intensa entre los 27 millones de campesinos, pobres y políticamente ignorantes la mayoría, vulnerables a los contrabandistas de votos."Hagan lo que dice la promotora, chingao", intervino un policía municipal de Chuniapan de Abajo, según el relato de la revista Milenio. "O apoyan [a Labastida] o, en serio, les van a quitar el Progresa [dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, siete millones de beneficiarios] por desobligadas. Y a ver qué hacen, a ver cuándo salen de pobres". El clientelismo forjado durante siete decenios de hegemonía priísta es todavía sobresaliente, aunque hace aguas en algunos feudos, y ya causa disputas conyugales. "Si vas te madreo [te pego]. No tienes que ir al mitin del PRI si vas a votar a Fox", amenazó un marido. El espacio abierto a la discrepancia, la consolidación de los partidos de oposición, las nuevas reglas electorales y la independencia del Instituto Federal Electoral (IFE) alejaron el fraude, permiten las broncas políticas matrimoniales y una campaña de verdad, pese a la persistencia de trampas o coacciones muy antiguas.

La captación de los sufragios en las áreas con mayor número de campesinos en este país de 100 millones de habitantes corre a cargo de la variada gama de comisarios del PRI, que gobierna el país desde 1929 y controla el desembolso del grueso de los subsidios oficiales. El conservador Partido de Acción Nacional (PAN) de Vicente Fox, virtualmente empatado con Labastida en las encuestas, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), centro izquierda, con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato, también se aplican en las batidas rurales, pero con un arsenal más exiguo. Las mañas son frecuentes en ambos bandos. "No hay nada más parecido a un mexicano que un mexicano", ironizaba una señora, mexicana también, cardenista de alcurnia, en un cenáculo diplomático de la capital.

El cruce de acusaciones sobre desvío de fondos públicos no se hizo esperar, y Pablo Salazar, candidato de una agrupación opositora en Chiapas, denunció que las 300.000 beneficiarias de Progresa en el Estado donde se sublevó el subcomandante Marcos recibieron una mensualidad de 1.000 pesos (17.000 pesetas) y un folleto de Labastida adjunto. Pero la inducción del voto no parece tan grave como su apresamiento a cualquier precio. El viejo PRI, encabezado por el dinosaurio Manuel Bartlett, defiende la utilización electoral de los programas oficiales porque la oposición, justifica, también lo hace en el Distrito Federal, con el PRD en el poder, y en los Estados donde gobierna: 11 de los 31 existentes.

"Sí, los programas federales son priístas y son para ganar la presidencia. No tenemos por qué negarlo, no hay programas neutros, y a cada Estado que voy es la idea: presentar y aprovechar el Progresa, la Alianza para el Campo, el ProCampo, para que la gente vote por el PRI". El alistamiento debe ser absoluto. "Estamos en pie de guerra, y si los funcionarios son priístas deben defender al partido", agrega Bartlett. El ministro de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social, Romático Arroyo, también es priísta y defensor del candidato del partido, pero sin cepos, ni sablazos. "Son declaraciones desafortunadas", dice refiriéndose a las efectuadas por el portavoz del parque jurásico, que fue turbio ministro de Interior y presidente de la Comisión Federal Electoral durante las elecciones de 1998, ganadas por Carlos Salinas de Gortari (1988-94) y protestadas como fraudulentas por su adversario Cuauhtémoc Cárdenas y grupos de observación extranjeros. "No debemos hacer, ni hacemos manipulación [política] de los programas de impulso a la productividad", subraya Arroyo a un grupo de corresponsales extranjeros en la sede del ministerio. Las auditorías, la publicación de los beneficiarios y otras cautelas, agrega, impiden su manipulación política, la discrecionalidad en el reparto de fondos, que son entregados por igual a todos los Estados, incluidos aquellos gobernados por la oposición.

No obstante, el programa Alianza para el Campo fue diseñado en gran medida por Labastida cuando era ministro de Agricultura durante el arranque de la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-julio de 2000). Sus resultados han sido satisfactorios, pese al criterio en sentido contrario de la oposición, destaca el ministro, y legítimamente benefician al candidato. De acuerdo con una encuesta de la ONG estadounidense Mund y Alianza Cívica, con una muestra de 5.000 personas, el 33% de los beneficiarios de los programas asistenciales votará por el PRI. Las razones escuchadas por el periodista en Chuniapan de Abajo, en el México profundo, en las sierras y valles donde la alternancia en el Gobierno es un bien intangible, son concluyentes. "¿Y quién nos va dar la mensualidá? ¿Usté?".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de junio de 2000

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