Las futuras reglas del mercado laboral

Este proceso de diálogo social se abre con una economía creciendo al 4% y las oficinas del Inem con el menor número de parados de los últimos 20 años (1.531.169). Pero ese registro está incompleto y son 2.510.100 las personas desempleadas en edad y disposición de trabajar, según refleja la Encuesta de Población Activa (EPA), con una tasa de paro del 15,01%, más de cinco puntos por encima de la media europea.Es el máximo reto al que deben buscar soluciones los negociadores del Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE-Cepyme. Junto al impulso en la creación de empleo, han de analizar una tasa de temporalidad que afecta al 31,68% de los asalariados y duplica la media comunitaria, una siniestralidad similar a la de países en desarrollo o subdesarrollados, y un futuro para la Seguridad Social sin presiones por la evolución demográfica.

La pugna de los agentes sociales está en decidir si la precariedad se corrige abaratando el despido y los costes del contrato fijo, o frenando la contratación temporal mediante la penalización de su uso. Es decir, si optan por proseguir el camino iniciado con los acuerdos de 1997 o por nuevas fórmulas. En estos tres años de aplicación de esa reforma, se han realizado tres millones de contratos fijos, pero la tasa de temporalidad sólo ha bajado del 33,6% al 31,6%, porque los contratos eventuales han sumado 30 millones.

Una propuesta que el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, defiende es modificar el contrato estable a tiempo parcial, y hacerlo atractivo para que las empresas lo utilicen más y lo elijan en detrimento del contrato temporal.

Por su parte, la patronal quiere eliminar las diferencias que existen entre el contrato fijo y el temporal en costes directos e indirectos. Y ahí un elemento nuclear puede ser el abaratamiento del despido de la contratación indefinida. El presidente de la patronal, José María Cuevas, ha adelantado que "no es el problema principal para los empresarios" y el ministro de Trabajo que "para el Gobierno no es el punto de partida ni el punto de llegada". Tampoco lo era en la reforma de 1997, pero fue la solución. La nueva figura del contrato estable, diseñada entonces de común acuerdo entre sindicatos y patronal, tuvo un éxito inmediato porque sirvió para que los empresarios perdieran el miedo a utilizar el contrato fijo al introducir un menor coste del despido para esa modalidad que, además, cuenta con una bonificación en sus cotizaciones sociales.

Las centrales ahora pretenden actuar en otra dirección. Quieren frenar lo que ellos consideran un abuso del contrato temporal por parte de las empresas, a través de una penalización de su uso, con un encarecimiento de sus cotizaciones a la Seguridad Social, e incluso, creando una indemnización a término, con ciertas similitudes con la pagada por despido en el contrato fijo.

Previamente, quieren realizar un debate conjunto con la patronal para comprobar si se ocupan puestos de trabajo estables con contratos eventuales. La UGT esgrime un argumento basado en datos de la Encuesta de Población Activa: de los 3.600.000 trabajadores temporales que había a finales de 1999, 1.100.000 llevaban en el mismo puesto y en la misma empresa más tiempo que el de la duración del último contrato. A ello se une que cuando una persona acumula más de 10 contratos en un año es muy frecuente (en torno al 70%) que haya sido en la misma empresa. Es decir, se habían realizado varios contratos temporales para el mismo puesto de trabajo, y en ocasiones con un proceso de rotación de varios trabajadores aparentemente injustificado.

Los sindicatos también quieren actuar en el impulso a la creación de empleo mediante la reducción de la jornada, con el objetivo de las 35 horas semanales. Cuevas ya ha advertido que, en este asunto, "habrá el distanciamiento que quieran los sindicatos", y aboga por mantenerlo en el seno de los convenios colectivos, entre trabajadores y empresarios, "porque dará más resultado que intentos artificiales que no han creado ni un solo puesto de trabajo".

Junto a la jornada y el coste del despido, otro escollo está en el intento de los sindicatos de incluir en la agenda del Gobierno un tema de momento ausente: la mejora de la cobertura del desempleo, que ahora llega sólo al 52% de los parados. Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, reclaman prestación, con el reconocimiento del derecho subjetivo, para un colectivo de más de 100.000 desempleados con responsabilidades familiares.

La renovación del Pacto de Toledo sobre pensiones será el otro eje de las conversaciones, y en él se va a dirimir qué se hace con la edad de jubilación: favorecer su retraso o no penalizar su adelanto para quienes se ven forzados al retiro anticipado. El desenlace, en cualquier caso, no supone modificar la edad legal de los 65 años.

Ahí el Gobierno defiende alargar la vida laboral más allá de los 65 años, para ir aliviando un sistema de pensiones que se ha de enfrentar a la mayor esperanza de vida y, en consecuencia, a un periodo más prolongado de cobro de esas prestaciones. Su propuesta se dirige también a corregir una tendencia que sitúa en los 62,5 años la edad media de retiro real. Y quiere lograrlo incentivando esa permanencia en el mercado laboral por el camino de eximir al empresario del pago de cotizaciones una vez el trabajador cumpla los 65 años, y de forma que ese abaratamiento de costes le anime a mantenerlo en activo. Con ello quiere aminorar costes a la Seguridad Social mediante el retraso del inicio del pago de la pensión.

Ese objetivo de prolongar la actividad choca con la práctica de las empresas que, al margen de su situación económica, tienden a prescindir de los trabajadores de más edad. Cerca de 158.000 personas mayores de 50 años de edad son expulsadas cada año del mercado laboral, según un estudio realizado por UGT, un colectivo que tiene especiales dificultades para encontrar un nuevo empleo.

Una expulsión que no se limita a personas con baja cualificación profesional o con carencias formativas, debido a una presunta incapacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos u organizativos de las empresas. Eso tiene un coste económico para las arcas públicas y un enorme impacto en las rentas que quedan al trabajador, primero como parado y luego como jubilado, que se queda en la pensión mínima cuando no hay una gran empresa detrás que le respalde con un complemento salarial y manteniendo su nivel de cotizaciones.

Con esos argumentos, los sindicatos reclaman un mejor trato para quienes se ven forzados a la prejubilación (a partir de los 52 años) y que se extienda el derecho a la jubilación anticipada (desde los 60 años) a todos los trabajadores, ahora limitado a quienes empezaron a cotizar a la Seguridad Social antes de enero del año 1967.