Historiadores e intelectuales llaman a recobrar la memoria de la represión franquista

La imposibilidad de incriminar a los responsables de la represión franquista, el pacto del olvido de la transición, es una de las taras con las que nació la actual democracia española. Así lo señalan los miembros del Centro de Trabajo y Documentacion, una entidad que nació en 1976 para promover el debate dentro de la izquierda catalana y que ha organizado, con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), el V Memorial Octavi Pellissa, sobre el tema Oblit, memòria històrica i comissions de la veritat. En la clausura, ayer, se dio lectura a un manifiesto en el que se apunta que si bien "no se trata de pedir responsabilidades penales de ningún tipo", se insta a los parlamentos autónomos y al Congreso de los Diputados a condenar moralmente a los responsables de los crímenes del franquismo.

Asimismo el documento, que fue leído por Maria del Mar Bonet, pide a la jerarquía de la Iglesia católica española "que pida perdón públicamente por su complicidad en el sostenimiento de la dictadura".La lectura del manifiesto fue el colofón de dos jornadas en las que historiadores españoles disertaron acerca de la represión y la violencia ejercidas por la dictadura del general Franco. El objetivo de las ponencias fue demostrar la efectividad del aparato represivo del franquismo en todos los ámbitos: social, laboral, cultural, económico y el de la vida cotidiana. Los mismos historiadores pusieron sobre la mesa la dificultad con la que se encuentran a la hora de estudiar esos años. Un solo ejemplo: el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Manuel Risques recordó que sólo desde los años 1997 y 1998 se tiene acceso a los archivos militares.

En las mismas jornadas, representantes de las comisiones de reconciliación y de la verdad de Argentina, Chile, Guatemala y la República Surafricana expusieron sus respectivas experiencias.

El historiador Paul Preston, que clausuró el memorial -organizado por el Centro de Trabajo y Documentación cada dos años-, afirmó que en España el trabajo de este tipo de comisiones lo realizan ahora los historiadores. Y subrayó: "El poder público debería favorecer su trabajo fomentando la investigación y abriendo y conservando archivos. Tenemos la obligacion de hablar por los muertos".

El manifiesto empieza a recoger adhesiones hoy.

Cuatro son las opciones que, según apuntó el pasado viernes el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón, representante de su país en la Conferencia de Ginebra sobre el papel de las comisiones de la verdad en países en transición, se presentan a un país cuando intenta la reconciliación nacional tras años, décadas en algunos casos, de dictaduras, gobiernos militares y represión por parte del Estado de grupos concretos de sus sociedades. Uno: dejar pasar el tiempo. Dos: hacer borrón y cuenta nueva. Tres: coexistir en un arreglo acomodaticio. Y cuatro: establecer la verdad, hacer justicia y reparar a las víctimas.

En las sesiones dedicadas a las comisiones de la verdad, los representantes de Argentina, Chile, Guatemala y la República Surafricana pudieron compartir sus respectivas experiencias en el auditorio del CCCB. Participaron 10 ponentes, que dieron cuenta de la magnitud enciclopédica de los trabajos e informes de sus respectivas comisiones y de las tareas que quedan pendientes. Poco tienen que ver, en lo concreto, los casos que se relataron, excepto que, ante las cuatro opciones señaladas por Garretón, todos esos países optaron por la cuarta.

Una opción que, sin embargo, ha abierto en ellos, según dijeron, una nueva vía de conflicto: la contradicción, la tensión en muchos casos, entre el conocimiento de la verdad acerca de los millares de crímenes de lesa humanidad que en ellos se cometieron y la posibilidad real de hacer actuar a la justicia.

A juicio de Alex Boraine, miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación surafricana, la construcción de una democracia estable no debe pasar ni por la "amnesia" ni por la "persecución". En la República Surafricana, explicó, "la transición no se produjo mediante una revolución, sino alrededor de una mesa de negociaciones. Cuando se busca el consenso, nadie consigue del todo lo que quiere".

La solución surafricana a una historia de colonización y racismo institucional, el tristemente famoso apartheid, fue proporcionar la amnistía a quienes la pidieran. A cambio, eso sí, de la confesión pública y pormenorizada de todos sus delitos en un proceso que se vivió en el país como una auténtica catarsis.

"¿Es esto justicia?", se preguntó a continuación Dumisa B. Ntsebeza, juez de la Corte Suprema y miembro de la comisión. "Sí", contestó. "El reconocimiento público de los propios crímenes significa una condena de por vida. A veces es mejor que los verdugos no vayan a la prisión, porque muchos de ellos, cuando salen, tienen la tranquilidad de que han pagado su deuda con la sociedad".