Historiadores e intelectuales llaman a recobrar la memoria de la represión franquista
Un manifiesto insta a condenar moralmente a los responsables de los crímenes de la dictadura
La imposibilidad de incriminar a los responsables de la represión franquista, el pacto del olvido de la transición, es una de las taras con las que nació la actual democracia española. Así lo señalan los miembros del Centro de Trabajo y Documentacion, una entidad que nació en 1976 para promover el debate dentro de la izquierda catalana y que ha organizado, con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), el V Memorial Octavi Pellissa, sobre el tema Oblit, memòria històrica i comissions de la veritat. En la clausura, ayer, se dio lectura a un manifiesto en el que se apunta que si bien "no se trata de pedir responsabilidades penales de ningún tipo", se insta a los parlamentos autónomos y al Congreso de los Diputados a condenar moralmente a los responsables de los crímenes del franquismo.
Asimismo el documento, que fue leído por Maria del Mar Bonet, pide a la jerarquía de la Iglesia católica española "que pida perdón públicamente por su complicidad en el sostenimiento de la dictadura".La lectura del manifiesto fue el colofón de dos jornadas en las que historiadores españoles disertaron acerca de la represión y la violencia ejercidas por la dictadura del general Franco. El objetivo de las ponencias fue demostrar la efectividad del aparato represivo del franquismo en todos los ámbitos: social, laboral, cultural, económico y el de la vida cotidiana. Los mismos historiadores pusieron sobre la mesa la dificultad con la que se encuentran a la hora de estudiar esos años. Un solo ejemplo: el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Manuel Risques recordó que sólo desde los años 1997 y 1998 se tiene acceso a los archivos militares.
En las mismas jornadas, representantes de las comisiones de reconciliación y de la verdad de Argentina, Chile, Guatemala y la República Surafricana expusieron sus respectivas experiencias.
El historiador Paul Preston, que clausuró el memorial -organizado por el Centro de Trabajo y Documentación cada dos años-, afirmó que en España el trabajo de este tipo de comisiones lo realizan ahora los historiadores. Y subrayó: "El poder público debería favorecer su trabajo fomentando la investigación y abriendo y conservando archivos. Tenemos la obligacion de hablar por los muertos".
El manifiesto empieza a recoger adhesiones hoy.
Cuatro son las opciones que, según apuntó el pasado viernes el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón, representante de su país en la Conferencia de Ginebra sobre el papel de las comisiones de la verdad en países en transición, se presentan a un país cuando intenta la reconciliación nacional tras años, décadas en algunos casos, de dictaduras, gobiernos militares y represión por parte del Estado de grupos concretos de sus sociedades. Uno: dejar pasar el tiempo. Dos: hacer borrón y cuenta nueva. Tres: coexistir en un arreglo acomodaticio. Y cuatro: establecer la verdad, hacer justicia y reparar a las víctimas.
En las sesiones dedicadas a las comisiones de la verdad, los representantes de Argentina, Chile, Guatemala y la República Surafricana pudieron compartir sus respectivas experiencias en el auditorio del CCCB. Participaron 10 ponentes, que dieron cuenta de la magnitud enciclopédica de los trabajos e informes de sus respectivas comisiones y de las tareas que quedan pendientes. Poco tienen que ver, en lo concreto, los casos que se relataron, excepto que, ante las cuatro opciones señaladas por Garretón, todos esos países optaron por la cuarta.
Una opción que, sin embargo, ha abierto en ellos, según dijeron, una nueva vía de conflicto: la contradicción, la tensión en muchos casos, entre el conocimiento de la verdad acerca de los millares de crímenes de lesa humanidad que en ellos se cometieron y la posibilidad real de hacer actuar a la justicia.
A juicio de Alex Boraine, miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación surafricana, la construcción de una democracia estable no debe pasar ni por la "amnesia" ni por la "persecución". En la República Surafricana, explicó, "la transición no se produjo mediante una revolución, sino alrededor de una mesa de negociaciones. Cuando se busca el consenso, nadie consigue del todo lo que quiere".
La solución surafricana a una historia de colonización y racismo institucional, el tristemente famoso apartheid, fue proporcionar la amnistía a quienes la pidieran. A cambio, eso sí, de la confesión pública y pormenorizada de todos sus delitos en un proceso que se vivió en el país como una auténtica catarsis.
"¿Es esto justicia?", se preguntó a continuación Dumisa B. Ntsebeza, juez de la Corte Suprema y miembro de la comisión. "Sí", contestó. "El reconocimiento público de los propios crímenes significa una condena de por vida. A veces es mejor que los verdugos no vayan a la prisión, porque muchos de ellos, cuando salen, tienen la tranquilidad de que han pagado su deuda con la sociedad".
La verdad y la justicia
Con muy pocos medios trabajó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, uno de cuyos miembros, Alfredo Balsells, relató cómo empezó a trabajar sin contar con una sede física ni con medios económicos. Sólo con ayuda internacional, explicó, se consiguió reunir el material del informe que se presentó en febrero de 1999, el cual repasaba los delitos cometidos durante más de treinta años de enfrentamiento armado entre los gobiernos militares y la guerrilla, y daba cuenta de más de 200.000 víctimas. El informe fue redactado con un solo principio: "La verdad era innegociable". Pero ¿y la justicia? "El informe no tiene vinculaciones judiciales", afirmó. "No obstante, si contiene elementos para que se inicien procesos, nadie puede evitarlo". Es algo que ha intentado la líder indígena guatemalteca y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, presente también en las jornadas. Pero no en su país, sino presentando una querella en la Audiencia Nacional, en Madrid, siguiendo la senda abierta por los casos chileno y argentino. ¿Qué pasa con la justicia del país centroamericano? "En nuestra Constitución no están tipificados los delitos de lesa humanidad", dijo Menchú. Es más, sólo ahora acaba de crear el Gobierno la Comisión para el Fortalecimiento de la Justicia.También en Chile la Comisión de la Verdad y la Reconciliación empezó a trabajar sin tenerlas todas consigo. Por una parte, existía la ley de amnistía que había dictado el propio Pinochet. Por otra, la propia Constitución del país impedía toda petición de justicia. La polarización de la sociedad, reconoció Héctor Contreras, miembro de dicha comisión, hizo el resto en un primer momento. A pesar de ello, contó, se iniciaron políticas de reparación a los familiares de las víctimas reconocidas como tales (sólo tenían potestad para contabilizar a los muertos y a los desaparecidos, pero no a los torturados) y se formó la Corporación de Reconciliación, con carácter permanente.
Y es que tanto en Chile como en Argentina -quizá más lejos en Guatemala-, la justicia está ahora más cerca que nunca. Y aunque los ponentes se mostraron muy cautos acerca de las posibilidades reales de una aplicación absoluta y sistemática de penas para todos los delitos cometidos contra la humanidad, todos coincidieron en señalar que ésta es la reparación mayor que se puede ofrecer a las víctimas y a sus familiares.
