El fiscal pide cárcel para los acusados por facturas falsas del SAS en Jaén
La Fiscalía de Jaén ha solicitado una pena de 21 años de prisión para seis de las personas acusadas en el caso de las facturas falsas del SAS, detectado por un anónimo que denunció que una empresa privada facturó operaciones quirúrgicas de forma inadecuada.Para el ex delegado de Salud, Mateo Herrera, y las otras dos personas de la Delegación que han sido investigadas sólo se pide un año de cárcel; mientras que para cada una de las tres personas relacionadas con la empresa Cerlín, que certificaba intervenciones a la Administración, se reclaman seis años de prisión por estafa y una multa de un millón de pesetas.
En el escrito provisional de la fiscal Gracia Rodríguez también se recoge la petición de que estas tres personas indemnicen al SAS por el quebranto económico sufrido, 11,6 millones de pesetas.
Mateo Herrera dimitió de su cargo antes de las elecciones autonómicas y generales, cuando se conoció que estaba imputado en el caso, para no perjudicar a su partido. Los hechos que ahora serán juzgados se basan en la existencia de unas facturas falsas realizadas en 1994 por la empresa Cerlín sobre operaciones que fueron cobradas al SAS, pero que nunca se realizaron o que se facturaron como intervenciones quirúrgicas de mayor envergadura de la real para incrementar el precio.
La Fiscalía indica en su escrito que los responsables del SAS no obtuvieron beneficio económico alguno ni pensaron que la empresa privada lo podría tener. No obstante, añade que, con su "imprudente actuación", facilitaron el "beneficio ilícito" de los responsables de Cerlín.
Junto a Mateo Herrera serán juzgados los entonces jefes de servicio de Planificación, José Luis Molina, y de sección, Marcial Mariscal. A los tres los considera autores de un delito de falsedad en documento público y pide para ellos también una multa de 300.000 pesetas.
Los que salen peor parados son los directivos de Cerlín. La fiscal cree que hubo un "beneficio ilícito" por parte de Araceli Martínez, Juan Manuel López Sagastizábal y Eduardo Bonet, administradores y gestor de la empresa privada
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