El PP usará su mayoría en Málaga para revocar la orden de derribo de una planta de El Morlaco

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado un procedimiento para revocar un acuerdo plenario sobre el conflicto urbanístico más polémico de la anterior legislatura: el exceso de altura del edificio de lujo Mirador del Cerrado, ubicado en la privilegiada zona de El Morlaco. En enero de 1999, la oposición, mayoritaria entonces en la Corporación, impuso al PP un acuerdo según el cual la promotora debía derribar una planta. Ahora, cuando el PP tiene mayoría absoluta, va a anular aquella orden amparándose en un informe jurídico encargado a un asesor externo.

El equipo de Gobierno del PP siempre estuvo en contra del derribo de una planta para castigar el exceso de dos metros de altura y propuso zanjar el asunto con una sanción de 31 millones de pesetas a la promotora, Sociedad Colombina de Promociones Inmobiliarias, y el derrumbe sólo de los casetones de los ascensores. El acuerdo, adoptado por el pleno el 15 de enero de 1999 nunca ha llegado a cumplirse, pese a que en abril de 1999 la propia Gerencia Municipal de Urbanismo instó a la promotora a cumplir la orden en un plazo máximo de dos meses y le advirtió de que si no era así el Ayuntamiento ejecutaría el derribo de forma subsidiaria. La promotora tiene recurrido en los tribunales el acuerdo plenario que ordena el derribo

El pasado febrero, el hoy alcalde y entonces concejal de urbanismo, Francisco de la Torre, anunció que el Ayuntamiento intentaba buscar una solución alternativa para evitar perjuicios a quienes habían comprado una vivienda en el polémico edificio. De la Torre dijo entonces que para estudiar las posibles alternativas se había encargado un informe jurídico al secretario del Ayuntamiento.

Sin embargo, el procedimiento de revocación que se ha iniciado por orden de la concejal de Urbanismo, Olivia González, del pasado día 25 de mayo toma como base un informe externo encargado al catedrático de Derecho Administrativo Luciano Parejo.

El asesor considera en su dictamen que la demolición es una medida "manifiestamente desproporcionada, por existir otras soluciones mucho más razonables y aptas así mismo para asegurar la efectividad de la ordenación urbanística". Entiende además que existe desproporción entre los beneficios y perjuicios que ocasionaría el derribo.

De la Torre abundó ayer en estos razonamientos y consideró además que el impacto visual del edificio es más grave en el caso de unas obras paradas desde julio de 1998, cuando el Ayuntamiento se percató de la infracción cometida por los constructores, que el de un bloque terminado. También recordó el perjuicio que sufren las personas que ya cuando se paralizaron las obras habían firmado contratos de compra de los pisos.

La oposición municipal criticó ayer con dureza la apertura del procedimiento de revocación del acuerdo plenario dictaminado por la concejal de Urbanismo. El portavoz del PSOE, Francisco Oliva, arremetió contra el alcalde, Francisco de la Torre, de quien dijo que ya en su etapa de concejal de Urbanismo "permitió con su silencio y si inoperancia en la inspección urbanística que el edificio se alzara por encima de lo autorizado, luego intentó convencer al pleno de que bastaba con una sanción económica, y ahora que es alcalde vuelve a intentar que los promotores que han infringido las normas urbanísticas se salgan con la suya".

Oliva cuestionó que no exista dictamen del secretario municipal y que el Ayuntamiento haya encargado un informe externo y consideró el asunto "realmente indignante porque el PP siempre defiende al infractor y al poderoso".

Los socialistas han criticado también el uso que el PP hace de su mayoría absoluta en la corporación municipal y sospechan que existe algún "compromiso oculto" entre del equipo de gobierno y la promotora del edificio.

Para el portavoz adjunto de Izquierda Unida, José Luis Portillo, la revocación del acuerdo de pleno para el derribo de la última planta del edificio "constituye un ejemplo tipo del modelo del PP, que se pone al servicio de los intereses privados, e incluso le da igual que exista un acuerdo plenario". "El PP defiende los intereses especulativos", apostilló.