El alcalde de San Lorenzo asegura que los chalés junto al monasterio son "definitivamente legales"

El alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández-Quejo, del PP, asegura que los chalés situados cerca del monasterio, cuya construcción fue denunciada por una vecina y considerada ilegal por el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, son "definitivamente legales". La licencia otorgada por el regidor y su equipo de gobierno para que se construyesen esos chalés le ha acarreado a Fernández Quejo una petición de 20 meses de cárcel e inhabilitación que el fiscal pide para él y para varios concejales y ex concejales por un supuesto delito urbanistíco."La solicitud fiscal sólo intenta ocultar que la actuación del Ayuntamiento ha sido "legal, firme e intachable", según el regidor. Por su parte, el fiscal Valerio entiende que el alcalde ha recalificado un parcela protegida saltándose los trámites legales y ha permitido la tala de árboles centenarios para que una constructora vinculada a uno de los ediles levantase ocho chalés.

Pero el regidor desmiente todas estas acusaciones. "Los chalés no se encuentran en la zona de respeto del monasterio, y la actuación urbanística que dio lugar a la construcción de dichos chalés está aprobada definitivamente por la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad, por resolución de 7 de septiembre pasado, publicada en el BOCAM del día 15 inmediato. La licencia concedida nunca sobrepasó la edificabilidad permitida en las normas de 1986 y la discusión se centra en si los solares [donde se han levantado los chalés] están incluidos en el conjunto histórico del término municipal de San Lorenzo de El Escorial. Pese a las afirmaciones de los denunciantes (acusación pública y privada), la pertenencia de estos solares al conjunto histórico estuvo llena de discusiones. Así consta específicamente en el informe del director general de Patrimonio de la Comunidad emitido el 26 de marzo de 1999, donde reconoció al menos cuatro delimitaciones distintas para esta área".

El alcalde explica que existen diferencias muy notables entre los diversos documentos con los que se pretendió definir la delimitación del conjunto histórico en su momento. Finalmente, y ante la diversidad de criterios, Ayuntamiento y ministerio acordaron una delimitación consensuada, que ha sido la que se ha utilizado para delimitar el área donde se levantaron las viviendas. "De esta manera queda demostrado que los ocho chalés no se construyeron de manera ilegal", afirma.

Fernández-Quejo añade que las licencias de obra de estas edificaciones se concedieron bajo la condición de que la actuación urbanística fuese aprobada por la Comunidad de Madrid, algo que ocurrió el 7 de septiembre del año pasado. Por tanto, según el regidor, toda la actuación de su equipo de gobierno y de él mismo ha sido "legal, firme e intachable".