El interventor de Málaga vuelve a estimar ilegal un acuerdo del pleno

El pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó ayer una modificación de créditos de 200 millones de pesetas para las obras de conversión en parque del antiguo cementerio de San Miguel pese a que el interventor municipal había advertido de la ilegalidad de la medida. En su informe, este funcionario al que la ex alcaldesa Celia Villalobos quiso quitar parte de sus competencias, sostiene que "tal propuesta es atípica y no se encuentra antecedente similar ni soporte legal alguno". El PP también impuso su mayoría absoluta para aprobar el proyecto de un puerto deportivo en Guadalmar pese a que está informado desfavorablemente por la Dirección General de Costas. Según el acuerdo adoptado con los votos de los concejales del PP, que no atendieron la petición de IU de que el asunto se retirara del orden del día "para evitar un acto ilegal", los 200 millones en cuestión serán transferidos desde el Ayuntamiento a la sociedad municipal Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) para sufragar las obras de reconversión de la necrópolis San Miguel.

Estos 200 millones de pesetas fueron obtenidos por el Ayuntamiento mediante un crédito de La Caixa en agosto de 1998 para el programa de inversiones de aquel ejercicio. Sin embargo hasta ahora no ha sido utilizado y fue incorporado al presupuesto de 1999 como remanente de gasto con financiación afectada. Según el informe del interventor, al no haber sido empleado tampoco el año pasado debía haberse repetido el procedimiento en el presente ejercicio o, en todo caso, haber propuesto el desistimiento de la partida.

Sin justificación

El interventor, Carlos Claros, sostiene que al cambiar el órgano gestor de los 200 millones, que ahora será Parcemasa y no el Ayuntamiento, la operación debería ser tramitada como transferencia de capital, "supuesto que no se encuentra recogido en la normativa reguladora de tramitación de expedientes de incorporación de remanentes de gastos con financiación afectada". También alega el interventor que no está justificada la idoneidad de que el proyecto sea gestionado por Parcemasa y que el cambio de destino y de órgano gestor de los 200 millones obligaría a pedir autorización a la entidad de ahorro que facilitó el crédito para otro fin distinto.

Los informes de reparo del interventor municipal a decisiones del equipo de Gobierno motivaron un claro enfrentamiento entre ambos. Hace dos meses, el PP llevó a pleno una propuesta para restar competencias al interventor, lo que levantó fuertes críticas de la oposición y del cuerpo de funcionarios habilitados que anunciaron un recurso en los tribunales. La alcaldesa decidió no llevar el asunto a pleno y tomar la decisión por decreto que no llegó a firmar antes de dimitir para ocupar el ministerio de Sanidad. Su sucesor, Francisco de la Torre, ha decidido no tocar las competencias de la intervención municipal y además ha tramitado la prórroga en la jubilación solicitada por Claros.