Justicia redacta una ley de menores que dará competencias a los municipios

El Departamento de Justicia de la Generalitat está elaborando una nueva Ley de Protección de Menores que traspasará a los ayuntamientos y a los consejos comarcales la mayor parte de los recursos e instalaciones que ahora tiene la Administración autonómica. La nueva ley, que sustituirá a la que está en vigor desde 1991, modificará algunos aspectos relativos a la adopción y establecerá una serie de derechos y deberes de los niños desamparados que están bajo la tutela de la Administración.

La consejera de Justicia de la Generalitat, Núria de Gispert, asegura que "la nueva realidad de la infancia requiere una nueva ley en vez de modificaciones parciales". Uno de los ejemplos más ilustrativos es el caso de los llamados niños de la calle, los menores inmigrantes que llegan a España sin el amparo de una familia. Cuando esa situación se planteó, hace año y medio, los ayuntamientos y la Generalitat consensuaron un plan conjunto de actuación después de enzarzarse en una polémica sobre a quién le correspondía actuar. La nueva ley pretende evitar que se repitan situaciones como ésa y, en opinión de la consejera, "apuesta por un nuevo modelo de infancia descentralizado". De esta forma, la Generalitat delegaría en los ayuntamientos y los consejos comarcales la gestión de algunos centros de acogida de menores o de atención a menores en situaciones de riesgo. "El mejor lugar donde puede estar un menor es con su familia, pero si no puede ser así, que por lo menos esté en un centro cercano a sus parientes", asegura De Gispert.

La red de atención a la infancia de la Generalitat actúa sobre una población de unos 10.000 niños en situación de riesgo que está estabilizada desde hace dos años. Uno de cada cinco de ellos está internado en un centro residencial o de acogida, la mayoría de los cuales pertenecen a la propia Generalitat y el resto son centros colaboradores. Los demás menores tutelados por la Generalitat viven con sus familias o en régimen de acogida o preadoptiva, pero también bajo la tutela de psicólogos o profesionales.

Situaciones distintas

De un tiempo a esta parte, las características de estos niños tutelados están cambiando. Hasta hace poco, la gran mayoría eran menores de familias desestructuradas que sufrían malos tratos físicos o psíquicos, pero cada vez abundan más los casos en los que ha de intervenir la Administración por que los padres descuidan la alimentación o el abrigo, así como la atención médica. Del mismo modo, en los últimos meses han aumentado también los casos en los que no existe una relación afectiva entre padres e hijos o bien, cuando llega la adolescencia, las relaciones familiares se hacen insoportables para ambos.

Esa realidad no sólo obliga a reciclar a buena parte del personal de profesionales de los centros, sino a reformar estas instalaciones, pensadas mayoritariamente para niños y no para adolescentes. "Y en esas situaciones, el menor tutelado ha de saber que tiene unos derechos, pero también unos deberes recogidos en una ley", afirma la consejera.

Justicia también pretende que en el plazo de dos o tres años todos los menores de 10 años internados ahora en centros de la Generalitat, unos 700, vivan fuera de esos centros en régimen de acogida o preadopción. Ese deseo requiere también un apartado, ahora inédito en la Ley del Menor, que reconozca la figura de la acogida profesional: la que asumirá un núcleo familiar en el que uno de los padres sea un educador o un profesional similar que se comprometa a educar al menor a cambio de un sueldo mensual. El Parlament aprobó la semana pasada una proposición en la que instaba al Gobierno catalán a que regulase por decreto la acogida profesional, pero la consejera entiende que la nueva ley es el mejor marco para regularla.

El nuevo texto podría entrar en el Parlament a finales de año y Justicia pretende también que simplifique los trámites a los padres que opten por la adopción nacional, que ahora han de esperar tres años hasta que el niño es reconocido oficialmente.