El 26% de las mujeres maltratadas en Cataluña son inmigrantes

Más del 26% de las mujeres víctimas de malos tratos que reciben ayuda en Cataluña son inmigrantes de países africanos o latinoamericanos. Esta circunstancia exige una revisión del actual modelo asistencial y psicosocial destinado a las víctimas de la violencia doméstica. Éste es uno de los objetivos que se ha fijado el Departamento de Bienestar Social para la presente legislatura, según anunció ayer la consejera, Irene Rigau, en su primera comparecencia ante la comisión de política social del Parlament.

Rigau enumeró las líneas maestras de actuación de su departamento en una exposición que los grupos de la oposición consideraron como una declaración de buenas intenciones "excesivamente genérica y sin concreciones". La izquierda coincidió en que "el escaso presupuesto" del que dispone el departamento le da poco margen de maniobra para materializar las actuaciones anunciadas, entre ellas las destinadas a la atención de los ancianos y a las víctimas de los malos tratos.La titular de Bienestar Social anunció la adecuación del actual modelo de atención a las mujeres maltratadas a la nueva realidad. El perfil de las mujeres que acuden a las casas de acogida está cambiando, explicó Rigau, ya que cada vez son más las que, por su condición de inmigrantes, no tienen la posibilidad de recurrir a los padres, hermanos o amigos.

Además de revisar los programas psicosociales actuales, el incremento de mujeres inmigrantes que piden ayuda ha obligado al departamento a plantearse la creación de siete "pisos puente" que, junto a las casas de acogida, "faciliten la integración social de las mujeres una vez superadas las primeras etapas en el cambio de su vida".

La diputada del PSC-Ciutadans pel Canvi Marina Geli reclamó nuevas plazas de casas de acogida y una mejor distribución de éstas por todo el territorio catalán.

En políticas relacionadas con la inmigración, Irene Rigau también expresó su intención de seguir el proceso de tramitación del decreto que desarrolla los aspectos de la nueva Ley de Extranjería que son de competencia autonómica, pese a que el PP ha anunciado su voluntad de reformar de nuevo esta legislación. "Nuestro decreto desarrolla la parte no orgánica de la ley y se refiere básicamente a los derechos de los inmigrantes, sobre los que no debe haber marcha atrás", indicó Rigau.

La oposición expresó su confianza en que la consejera iniciará una nueva etapa en el Departamento de Bienestar Social, en contraposición a la encabezada por Antoni Comas, que fue calificada por IC-V como "etapa negra".

Rigau anunció la creación del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, para detectar las necesidades de los menores y jóvenes y determinar los recursos necesarios para atenderlas. La "descentralización" del departamento es otra prioridad de la consejera, quien aseguró que se creará una delegación territorial en Barcelona independiente de la sede central. Rigau planteó también la conversión en ley del polémico decreto impulsado por Comas que obliga a las familias a pagar parte del coste de la plaza residencial de los ancianos si éstos carecen de recursos.