La juez pide al parlamento regional que le informe si hay aforados entre los 23 ediles que legalizaron la iglesia

La juez Teresa Chacón, del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, ha enviado un escrito a la Asamblea de Madrid para que le informe si hay diputados entre los 23 concejales del Ayuntamiento que legalizaron la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes (barrio del Pilar). Esta juez -cuya misión es investigar delitos y, en su caso, elevarlos para que sean juzgados- estudia las diligencias abiertas por la Sección Primera de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia por presunta prevaricación contra los 21 concejales del PP y 2 de IU que el pasado 23 de marzo aprobaron en un pleno iniciar la tramitación de la legalización de una iglesia pese a que sobre parte de ella pende una orden judicial de derribo. La juez ha solicitado esa información para, en caso de que algún edil sea diputado y, por tanto, aforado, remitir las diligencias a la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior, competente para investigar a diputados autonómicos. La investigación seguirá en el juzgado 39 dado que ni el alcalde de Madrid ni ninguno de los 22 ediles son aforados. La petición a la Asamblea se produce después de que haya expirado el primer periodo de 20 días dado por el Tribunal Superior al gerente de Urbanismo, Luis Armada, para que derribase la parte de la iglesia adyacente al altar mayor y construida sobre suelo prohibido. Armada lleva ya dos multas de 250.000 pesetas (la primera se la impuso el tribunal a mediados de marzo), por incumplir la orden de derribar la iglesia. Además, el tribunal también le ha abierto diligencias y las ha remitido a la plaza de Castilla para que un juez de instrucción investigue si el gerente ha cometido un delito de desobediencia. La citada iglesia debió derribarse hace siete años. El último plazo para el derribo dado por el tribunal expiró el pasado 17 de marzo. En diferentes autos, los jueces han interpretado que no existe "voluntad" por parte del consistorio en cumplir la orden y le atribuyen dejación en su cometido de acatar las resoluciones judiciales. Dos vecinos de este inmueble denunciaron hace casi una década que parte la iglesia incumplía el planeamiento urbanísitico y dejaba a sus casas sin la luz natural.