El Colegio de Abogados de Madrid denuncia "vicios" al aplicar la normativa de inmigración

Los responsables del Aula de Inmigración del Colegio de Abogados de Madrid han descubierto algunos "vicios" en la aplicación de las normas de extranjería. Se refieren a situaciones que no están recogidas en la legislación, pero que se han convertido en práctica común. "Son medidas o instituciones que han ido apareciendo en medio del derecho de extranjería, a veces sin que se sepa ni cómo ni por qué, y siempre al borde del derecho y la razón", explican los abogados Fernando Oliván, Luis Vidal, Marcelo Belgrano e Ignacio Alarcón en su informe.

"Son prácticas nacidas casi siempre de las buenas intenciones para proteger o evitar fraudes, pero, al no estar reguladas, acaban siendo arbitrarias", asegura Oliván, coordinador del Aula de Inmigración. "Nuestra intención es, simplemente, hacer una llamada de atención en un momento que consideramos adecuado por la reciente entrada en vigor [en febrero] de la nueva Ley de Extranjería", concluye. Éstos son algunos de los "vicios" descubiertos por el Colegio de Abogados de Madrid: - Inseguridad jurídica. Los letrados consideran que los diferentes criterios que aplica cada delegación o subdelegación del Gobierno para renovar los permisos de trabajo y residencia crean inseguridad jurídica a los inmigrantes. "Dependiendo de la zona de residencia, se exige un tiempo de cotización a la Seguridad Social para renovar los permisos", afirman.

- Presunción de ilegalidad. El Colegio de Abogados resalta que, con frecuencia, los funcionarios tienden a mantener una actitud de sospecha de fraude, y no de confianza en la buena fe del extranjero que tramita sus solicitudes de permiso de trabajo cuando éste presenta una oferta de empleo para conseguir una autorización laboral. "A ningún español se le exigen tantos requisitos para contratar o ser contratado. Si la Administración cree que hay fraude, lo que tiene que reforzar es la inspección", añade Oliván.

- Minusvaloración de derechos. Las largas colas frente a las instituciones, que obligan a prolongadas esperas y madrugones, y la masificación que sufren las dependencias que tramitan permisos de trabajo y residencia para extranjeros son también resaltadas en el informe del colegio . Además, según una reciente encuesta realizada por el Aula de Inmigración, los letrados que trabajan en la defensa de los extranjeros se quejan del "bajo nivel de formación de los funcionarios encargados de estos asuntos y del trato que se dispensa en sus oficinas a los inmigrantes y a sus abogados".

- Contingente anual. Los letrados critican también el cupo o contingente; es decir, un número limitado de permisos de trabajo y residencia para extranjeros que el Gobierno concede cada año por comunidades autónomas y sectores laborales. Denuncian que se ofrezcan menos plazas de las necesarias, que se obligue a los inmigrantes a viajar a sus países a recoger el visado en lugar de concederles una exención del mismo (sólo posible en casos concretos; eso sí, cada vez más amplios) y que la normativa que regula este procedimiento cambie cada año.Tampoco están de acuerdo con el protagonismo que la Administración concede a las ONG, que pueden tramitar las solicitudes sin esperar "colas". El colegio cree que de esa manera estas entidades consiguen una cuota de poder: "A mayor número de inmigrantes que atiendan, mayor será la subvención a recibir de las instituciones". "La Administración debe hacerse cargo de estas gestiones y no delegarlas en entidades privadas que, entre otras cuestiones, no tienen por qué conocer datos privados de los inmigrantes y de las empresas que van a contratarles", asegura Oliván.

- Matrimonios mixtos. Los letrados denuncian que a los españoles que quieren casarse con inmigrantes no comunitarios se les exija "la prueba del amor". "En registros civiles y consulados se deniegan algunos de estos matrimonios con la excusa de que se trata de un fraude, a pesar de cumplir los requisitos contemplados en el Código Civil", aseguran. "El matrimonio está regulado en el Código Civil, y allí lo único que se exige es que los contrayentes acudan por propia voluntad, sean mayores de edad y no tengan un cierto tipo de parentesco. Todo el resto de exigencias que se imponen a los extracomunitarios cuando quieren casarse con españoles está en los bordes de la legalidad", matizan.