El juez toma declaración a 13 jóvenes de Lepe por agredir a inmigrantes

Un total de 13 jóvenes prestaron, hasta ayer, declaración ante el juez como los supuestos implicados en las agresiones a un grupo de 15 inmigrantes registradas el pasado domingo en Lepe (Huelva). Los tres últimos, dos de 16 años, y uno de 20, fueron retenidos por la Guardia Civil en la noche del pasado miércoles. Los acusados, montados en motos y armados con cadenas, presuntamente propinaron una paliza a los inmigrantes después de que un magrebí, K. T., de 26 años, que también pasó a disposición judicial, lanzara un vaso de cristal roto a un menor de 14 años, que miraba una pelea.

La Guardia Civil mantiene en Lepe un amplio dispositivo de seguridad, compuesto por más de una treintena de agentes, después de que el Ministerio del Interior haya enviado a la localidad a una dotación del Grupo de Seguridad Rural, para evitar que se produzcan sucesos como los ocurridos el domingo. Sin embargo, en la citada localidad onubense, donde se celebrará este fin de semana la romería de Nuestra Señora de la Bella, se respira un ambiente de tranquilidad y no se han producido incidentes en los últimos días, según informaron fuentes de la Guardia Civil, que justifican el despliegue como una "medida preventiva".Mientras, en Almonte, continúa el conflicto entre un grupo de 75 inmigrantes marroquíes, procedentes de El Ejido (Almería) y los responsables de la empresa Doñana 2000, después de que la directora gerente, Mireia Giorgi, decidiera despedirles de sus puestos de trabajo como temporeros por iniciar, el pasado lunes, una huelga indefinida. Esta mujer acusó ayer al Sindicato de Obreros del Campo (SOC) de ser "los instigadores" de ese paro laboral y "los culpables" de la situación de tensión que se vive en la finca. Una opinión que comparten los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y la patronal agraria Asaja.

"Desde que los 80 inmigrantes llegaron hasta aquí, el pasado mes de marzo, por las gestiones de la Subdelegación del Gobierno en Huelva y la Cruz Roja, el SOC está detrás de mí, porque decidí echar a la calle a ocho que resultaban muy problemáticos y rompían el ambiente de armonía entre los temporeros", explicó la responsable de la empresa. Giorgi aseguró que entre los 75 inmigrantes "hay unos cuantos que quieren volver a trabajar, pero no pueden porque recibe constantes amenazas de muerte".

Los temporeros exigen el pago inmediato de los jornales de los últimos 15 días de abril y los siete primeros de mayo, ya que desde ayer cuentan con los papeles que regularizan su situación en España.