El Defensor del Pueblo abre una investigación sobre accidentes laborales
El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación para estudiar la situación de los accidentes laborales. La institución que dirige Antoni Rovira ha iniciado esa investigación de oficio, sin existir denuncias previas, como expresión de preocupación por la alta siniestralidad que equipara las tasas de siniestralidad de España a la de países subdesarrollados, y que el año pasado causó la muerte de 1.572 trabajadores.Los responsables de la oficina del Defensor del Pueblo han informado de que la investigación se inició hace dos meses, y en estos momentos están recopilando información de las administraciones públicas.
En el sector de la construcción, uno de los más afectados por la siniestralidad, las federaciones de CCOO y UGT se reunieron ayer con representantes del Partido Popular con objeto de recabar el apoyo del partido en el Gobierno para la iniciativa legislativa popular (ILP) que presentaron en el Congreso de los Diputados con más de 500.000 firmas para regular la subcontratación en la construcción y reducir la siniestralidad en el sector. El PP manifestó que hasta dentro de dos semanas no está en condiciones de dar una respuesta, plazo en el que se debe formar el equipo de Trabajo y decidir quiénes son los responsables del tema en el Grupo Parlamentario.
Los dos sindicatos solicitarán también al nuevo Ejecutivo que la Cámara Baja comience a debatir esta inciativa durante sus primeros cien días de funcionamiento. Tanto CCOO como UGT, que cuentan ya con el respaldo de PSOE e IU, consideran que la tramitación parlamentaria de esta ley "no debe ser una mera cuestión de mayorías parlamentarias, sino que debería contar con el máximo consenso social".
La ley de regulación de la subcontratación, que CCOO considera "el buque insignia" para comenzar a combatir la precariedad y alta siniestralidad laboral de la construcción, pretende definir el papel de la subcontratación y de la unidad de obra. La iniciativa legislativa persigue también crear un registro de empresas subcontratistas, con objeto de poder exigir a éstas unos requisitos en materia laboral.
