Barcelona y Tarragona llegan a un compromiso para la creación de la región eclesiástica catalana

Lluís Martínez Sistac y Ricard Maria Carles, arzobispos de Tarragona y Barcelona respectivamente, han llegado a una solución de compromiso para hacer posible la creación de la región eclesiástica catalana, que ostentará el nombre de Tarraconense, en reconocimiento a la tradición de la capitalidad eclesiástica de Tarragona, única ciudad española, junto con Toledo, primada y metropolitana. Tarragona ha conseguido mantener la bicefalia frente al enorme peso demográfico de la diócesis de Barcelona, la segunda mayor de Europa, que desde 1964 depende directamente del Vaticano.

La unidad de la iglesia catalana es uno de los objetivos que se fijaron los obispos en el Concilio Provincial Tarraconense celebrado en 1995 y que supuso la primera reunión del conjunto de las diócesis catalanas en más de dos siglos. Según explicaron ayer Martínez Sistac y Carles, los estatutos de la Región Eclesiástica suponen, de hecho, dotar de estructura jurídica al funcionamiento, ya establecido, de colaboración entre las dos archidiócesis. Sistac quiso quitar hierro a la histórica rivalidad existente entre la provincia (que aúna a todas las diócesis catalanas) y Barcelona al asegurar que esta última "siempre se ha sentido integrada". El reconocimiento por parte del Vaticano de la región supone, "dar forma a la realidad, según abundó Carles. "Dado que lo tenemos todo en común y se trabaja de manera coordinada", aclaró.A juicio de los prelados, que ayer dieron cuenta de la aplicación de los acuerdos del concilio, la nueva región, una figura únicamente existente en Italia, puede abrir paso a que otras provincias eclesiásticas se aúnen. Sistac apuntó que Andalucía lo tendría jurídicamente más fácil, puesto que está compuesta por dos provincias únicas y no, como en el caso de los obispos catalanes, de una provincia y una archidiócesis exenta. El País Vasco y Navarra podrían ir por el mismo camino, así como la región del Duero (Burgos y Valladolid). Por el momento, los estatutos de esta región eclesiástica están siendo analizados por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Española, cuyo plenario debe aprobarlos. Sólo entonces se elevarán a la Santa Sede para su aprobación definitiva.