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Aya considera "imposible" que los servicios de violencia familiar puedan seguir todos los casos

VIENE DE LA PÁGINA 1 Aya especifica en su Memoria que el objetivo de este tipo de servicios no debe ser "elaborar a fin de año bonitas estadísticas que se puedan presentar ante la opinión pública" sino "humanizar la Justicia" en el campo de los malos tratos domésticos. Por ello, el fiscal jefe alavés considera que "hoy por hoy es imposible" que se conviertan en unas oficinas abiertas a recibir denuncias, tratar directamente con las personas implicadas y hacer un seguimiento directo de todos los casos, por la citada falta de medios.

El teniente fiscal de Guipúzcoa, Juan Calparsoro, coincide con Aya. "Se creo el servicio a instancias de la Fiscalía General del Estado, pero no hubo una previsión de ampliación de nada", manifiesta. "Tenemos los mismos medios, aunque con un fiscal asignado para coordinar estos temas, que mantiene el mismo trabajo que hacía antes".

La fiscal jefe de la Audiencia de Vizcaya en funciones, María Ángeles Montes, un territorio que dispone de 37 profesionales dentro del Ministerio Público, ya ha señalado que "es complicado que ningún fiscal pueda dedicarse sólo a estos temas por la limitación de las plantillas".

Atribuciones

Las atribuciones de este servicio pasan por los supuestos previstos en el artículo 153 del Código Penal, que determina los casos de agresiones dentro del hogar, y otros alusivos a amenazas y acoso fuera de la familia.

La actividad de estos fiscales especializados se centra en la creación de registros en donde figure cada uno de los agresores, de manera que se unan faltas y delitos previos para conformar un perfil completo del posible delincuente.

Alfonso Aya refiere en su Memoria anual otro asunto que desde principios de este año se ha puesto en práctica de manera experimental en partidos judiciales como Elche o Alicante: la creación de un juzgado específico para los casos de malos tratos. En este sentido, la Junta de Jueces de Álava desarrollada el 22 de noviembre pasado rechazó esta posibilidad, propuesta por la inspección del Consejo del Poder Judicial, por "no considerarlo necesario".

En Guipúzcoa, por ejemplo, durante 1999 se incoaron un total de 179 procedimientos por malos tratos. Uno de ellos se tramitó por vía de jurado, 87 lo hicieron tipificados como delito, y 91 como falta. En Álava, la Memoria de la Fiscalía recoge que se registraron el año pasado 286 denuncias por violencia doméstica, lo que originó que se abrieran un total de 234 expedientes relativos a otros tantos presuntos agresores.

Las denuncias no coinciden con el número de procedimientos incoados, ya que algunas de ellas se acumulan a procedimientos anteriores antes de una nueva incoación. La gran mayoría de los agresores son hombres -un total de 216 frente a 18 mujeres-, mientras que las personas agredidas son mayoritariamente mujeres -206 frente a 28 varones-. Los actos de agresión se dan en su mayoría entre parejas: 130 de ellas unidas en matrimonio y 51 fuera de él.

El fiscal jefe de Álava destaca que es frecuente la retirada de denuncias o el perdón de la persona maltratada, alcanzando la cifra de 51 casos. Ello no supone la extinción de la acción penal, pero es habitual que, a falta de la declaración de la víctima, el fiscal se quede sin elementos de prueba.

Aya pone igualmente de relieve que la cuestión más problemática es la catalogación de la denominada "violencia psíquica". Su "difícil determinación" pasa por su propia naturaleza y porque tras la denuncia se incoa un juicio de faltas y ya no se realiza ninguna diligencia hasta el acto de la vista. "Será preciso un examen bien médico, bien psicológico, para determinar estos resultados", concluye el texto.

Otra de cuestión de calado social que aborda la Memoria de la Fiscalía alavesa es la siniestralidad laboral. Aya destaca que las diligencias policiales o judiciales seguidas por accidentes laborales "no hacen referencia a su ámbito laboral, sino que se remiten al resultado lesivo para la integridad física del trabajador víctima del delito". Así, el fiscal no tiene contacto con las diligencias hasta que llegan para calificación o en el propio acto del juicio oral. Para solventar esta situación, el fiscal refiere que se ha puesto en contacto con la Inspección de Trabajo para realizar un seguimiento puntual de "por lo menos aquellos accidentes que han tenido como resultado muerte o lesiones graves". Esto supone que la Fiscalía abrirá un expediente por cada uno de estos casos para poder llevar un control individualizado.

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