Vera admite "errores" en la etapa del secuestro de Lasa y Zabala porque "había que equivocarse"
El ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, absuelto de encubrimiento en el caso Lasa-Zabala, expresó ayer su solidaridad con los condenados y destacó que "muchos de los éxitos que hoy está cosechando la Guardia Civil tienen su origen en acciones que el general Enrique Rodríguez Galindo llevó a cabo en los años difíciles". Vera afirmó que en la época en que se produjo el secuestro se cometieron "errores": "Algún día se sabrá qué sucedió. No fue un camino de rosas como parece. Fue una etapa llena de equivocaciones, pero también digo que en aquel momento había que equivocarse".
Vera aseguró sentirse "muy dolido ante las fortísimas y terribles condenas" que han recaído sobre el resto de los procesados y manifestó que éstos "estarían en libertad, absueltos", si el juicio se hubiera desarrollado al margen de presiones externas. Sobre la época en que se produjo el secuestro de Lasa y Zabala, declaró: "Era una situación tan irregular que forzaba a que se cometiesen errores. Con eso no quiero decir nada. Simplemente, cuando hablo de errores, hablo de errores con carácter general".Vera explicó que no puede sentirse satisfecho por su absolución y que más bien comparte la sensación de "preocupación, tristeza o injusticia" de los otros procesados. "Me siento más cerca de ellos que del comunicado que el partido ha hecho", subrayó, en referencia a la nota emitida por la comisión política del PSOE.
Además, insistió en que ninguno de ellos tiene nada que ver con el secuestro y asesinato de los dos etarras, por lo que discrepa "profundamente" de la sentencia, que ha impuesto penas de entre 67 y 71 años al general Rodríguez Galindo; al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga; al teniente coronel Ángel Vaquero y a Enrique Dorado y Felipe Bayo. Por ello, mostró su deseo de que en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo "se pueda demostrar la inocencia" de quienes le han acompañado en el banquillo.
Vera declaró que el Ejecutivo debe de tener en consideración la concesión del indulto, independientemente de cuándo se resuelva el recurso de casación que los condenados han anunciado que interpondrán en el Supremo. "Estoy seguro de que el Gobierno eso lo tiene que tener en consideración". Argumentó que Galindo y sus subordinados tenían que haber sido absueltos, pero que, "en todo caso, el indulto es un elemento que debe estar ahí para resolver casos de esta categoría". "De lo que no hay duda es de que el general Rodríguez Galindo es el hombre que con mayor capacidad de sacrificio ha modelado el mapa de la lucha contra el terrorismo. Él y sus hombres son uno de los puntales más importantes en la lucha contra el terrorismo y este país les debe mucho".
Mientras, el abogado Jorge Argote, también absuelto de encubrimiento, destacó su tristeza por las "terribles" condenas impuestas a los demás procesados. Argote no se mostró sorprendido con la posibilidad de que el fiscal solicite el ingreso inmediato en prisión de los acusados, pues sería "la culminación del proceso de linchamiento". Señaló que la sentencia es "absolutamente ajena al desarrollo del juicio", que es "como si no se hubiera celebrado", y que da la impresión de que se parte del fallo "y sobre él se va construyendo la redacción de la sentencia".
Opinó que en la calle no se entiende el fallo y sostuvo que, aunque aún no es el momento para pedir el indulto, pues la sentencia debe ser firme, "esta medida de gracia ya se está pidiendo". También se quejó de que los testigos que declararon a favor de los procesados no han sido tenidos en cuenta. Argote se refirió a las declaraciones del ex ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, en las que éste señaló que la sentencia "supone el triunfo de la justicia", y replicó que "estas manifestaciones son una barbaridad, ya que el Estado de Derecho triunfa con sentencias absolutorias y con condenatorias". "No entiendo nada en personas que deberían tener contenidos éticos y sentimientos en sus manifestaciones, pero que son cegadas por sus ambiciones políticas", subrayó.
Los socialistas piden el indulto para los condenados y denuncian el "cinismo" de quienes utilizan la sentencia
El presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, declaró ayer que el general Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 71 años de prisión por el caso Lasa-Zabala, debería ser indultado "porque la detención de la cúpula de ETA o de 120 comandos terroristas son motivo suficiente para ello". Ibarra, en declaraciones a Antena 3 TV, manifestó que si se produce una petición de indulto y es denegada, estaría dispuesto a encabezar otra. También comparó los servicios prestados al Estado por Galindo con los del juez Javier Gómez de Liaño, "del que hay 1.000 firmas para pedir su indulto". "Me quedo con Galindo y creo que las condecoraciones que luce en el pecho también merecen el indulto". Asimismo, insistió en que hoy "es un día feliz para ETA" y calificó como "injusto" que Galindo vaya a ingresar en prisión "porque la democracia española le debe mucho". En este sentido, Ibarra criticó que "Josu Ternera y Otegi estén en la calle y Galindo en la cárcel".
El presidente extremeño se mostró convencido de que el tribunal ha condenado "sin pruebas" y se mostró "desolado" por el fallo e "indignado" porque "en 22 años de democracia los únicos que están pagando con la cárcel son los socialistas". "Creo que la sentencia no prueba que Julen Elgorriaga maltratara, matara o asesinara a Lasa y Zabala", añadió en otro momento. Por su parte, el presidente de la Comisión Política del PSOE, Manuel Chaves, insistió en que, a su juicio, la sentencia desvincula totalmente a los gobiernos socialistas anteriores de este tema".
El presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista José Bono, denunció el "cinismo" de algunos políticos en relación con la sentencia, al considerar antes que "el mejor terrorista es el que está muerto, y luego empezar a ver a los terroristas sin esa lacra cuando pudieron utilizar criterios contrarios para dañar a los adversarios políticos".
Utilización política
El ex ministro de Justicia e Interior socialista Juan Alberto Belloch dijo que las sentencias "nunca deben ser objeto de utilización política, ni en un sentido ni en otro". Belloch insistió en que la sentencia es un "triunfo del Estado de Derecho" que se presta a una "paradoja evidente": "Es difícil olvidar que como consecuencia de la actuación del Estado de Derecho se puede producir la libertad de Josu Ternera y al propio tiempo la posibilidad de encarcelar a quien luchó contra los terroristas. Este tipo de consideraciones no pueden entorpecer el funcionamiento de la máquina judicial y creo que desde esa óptica es un triunfo del Estado de Derecho".
El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, calificó de "justa y trabajada" la sentencia y dijo que no le gustaría que después de un veredicto "de este calibre" se produjera "un indulto a la vuelta de la esquina". También afirmó que le hubiera gustado que se hubiese "consagrado" el delito de pertenencia a banda armada, pero cree que el juez habrá visto que no podía dictar sentencia en ese sentido.
El portavoz de IU en el Congreso, Francisco Frutos, se preguntó "cómo es posible" que no haya "responsabilidades políticas" por el caso Lasa Zabala.
El fiscal inicia el trámite para llevar a prisión a los condenados
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, encargado de ejercer la acusación en el caso Lasa y Zabala, pidió ayer al tribunal que ha dictado la sentencia la celebración de la vistilla para solicitar el ingreso en prisión de los tres condenados que siguen aún en libertad provisional en esta causa, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga; el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y el teniente coronel del mismo cuerpo Ángel Vaquero. En un escrito presentado a mediodía de ayer y dirigido al tribunal, el fiscal Santos señala que le ha sido notificada la sentencia por la que se condena a cinco de los acusados a penas privativas de libertad superiores a los 30 años y que "tres de los condenados se encuentran en situación de libertad provisional".
Santos añade que, "teniendo intención esta Fiscalía de que la mencionada situación pueda ser modificada", pide la celebración de la audiencia conocida como vistilla prevista en el artículo 504 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para ello, solicita al tribunal que convoque a las partes procesales y a los tres condenados a fin de solicitar su ingreso en prisión.
Convocatoria
Debido a que varios miembros del tribunal se encuentran celebrando el juicio a los responsables de la cooperativa de viviendas PSV y que alguno de los abogados de procesados en el caso Lasa y Zabala deberían trasladarse a Madrid desde sus lugares de residencia en otros puntos de España, no es probable que la vistilla se celebre antes del miércoles de la próxima semana, después del puente del Primero de Mayo, según opinaron ayer fuentes jurídicas.
Dada la gravedad de las penas impuestas y que el fiscal y las dos acusaciones pedirán el ingreso en prisión, lo más previsible es que los condenados comiencen a cumplir la sentencia mientras se tramitan sus recursos de casación ante el Tribunal Supremo, lo que se prolongará alrededor de un año.
La Audiencia Nacional condenó el miércoles a 71 años de cárcel al general Rodríguez Galindo y al ex gobernador civil Julen Elgorriaga; a 69 años al teniente coronel Ángel Vaquero y a 67 años y ocho meses a los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo. Estos dos últimos se encuentran en prisión desde hace cuatro años, por lo que se les abonará el tiempo que llevan cumplido de condena más los beneficios de la redención de penas por el trabajo, que se les aplica al haber sido condenados según los preceptos del antiguo Código Penal. El tribunal absolvió al ex secretario de Estado Rafael Vera y al abogado Jorge Argote.
