Rambla dice que "no dejará morir" la embotelladora Aguas de Cortes

El consejero de Economía y Hacienda, Vicente Rambla, aseguró ayer que la Generalitat garantizará la viabilidad de la planta embotelladora Aguas de Cortes y manifestó su intención de "no dejar morir" la empresa. Las instalaciones de la empresa embotelladora, situada en el municipio castellonense de Cortes de Arenoso, salieron anteayer a subasta en los juzgados de Castellón -quedó desierta- por la deuda de 309 millones de pesetas que la empresa de aguas sostiene con la Generalitat, que actuó como avalista en la concesión de un crédito hace seis años. Rambla negó cualquier contradicción entre sus declaraciones públicas del día anterior, en las que asegura que la Generalitat no pensaba adquirir Aguas de Cortes, y las del director general del Instituto Valenciano de Finanzas, José Manuel Uncio, quien reiteró su interés por que la empresa sea para la Generalitat.

El consejero añadió que la compañía de aguas "tiene una deuda pendiente con la Administración y no está en condiciones de exigir nada", agregó. Rambla se mostró convencido de que la dirección de la empresa, cuyo administrador es el alcalde de Cortes de Arenoso, el socialista José Mata, "entrará en razón" y se podrá solucionar el conflicto.

"Sea un crédito participativo o hipotecario, los préstamos se devuelven", subrayó ayer Rambla, quien añadió que "a nadie los tribunales le ejecutan los bienes cuando tiene razón". Rambla recordó que con otras empresas valencianas en las mismas circunstancias que Aguas de Cortes se ha llegado a un acuerdo en torno a la deuda e insistió en que Mata ha demostrado hasta la fecha "una voluntad nula de reconducir el conflicto al aspecto financiero", a la que vez que ha querido darle un cariz político.

Según Rambla, la Generalitat ofreció durante las negociaciones con la dirección de la planta de agua quedarse con el 51% de las acciones - la mayoría-, con el compromiso de que cualquier acuerdo se adoptase por mayoría cualificada. "Pero no aceptaron los términos del acuerdo", concluyó el consejero. Éste no quisó especular acerca del futuro de la empresa en caso de que la Generalitat se quede con ella si ningún grupo privado acude a la subasta.

El abogado de Aguas de Cortes, Jeroni Canós, denunciaba el mismo día de la subasta que la Generalitat utilizará en su beneficio la formalidad de la ley contra los actuales gestores de la planta, propietad del pueblo de Cortes de Arenoso.

El conflito entre la embotelladora y el Gobierno valenciano surgió por la forma de pago del préstamo de 306 millones de pesetas concedido en 1994 por el todavía gobierno socialista de Joan Lerma. Los gestores de la compañía de aguas sostienen que el citado crédito era participativo y que podían devolverlo de los beneficios de la sociedad.

El gobierno valenciano posterior, presidido por el PP, consideró, sin embargo, que la operación tenía carácter hipotecario y, tras reclamar su pago y no cobrarlo, decidió ejecutar el crédito en los juzgados.