La federación de padres de alumnos de Valencia busca el visado oficial para su nueva ejecutiva
Con la elección de la ejecutiva el pasado 16 de abril, el movimiento de padres de alumnos de la provincia de Valencia ha zanjado la larga crisis abierta a finales de 1998 y se dispone ahora a buscar el reconocimiento oficial y la representación que le corresponde en los órganos institucionales de debate educativo, principalmente en las negociaciones del Pacto por la calidad de la educación, el Consell Escolar Valencià (CEV) y la confederación de APA (Covapa). La obtención del visado oficial, sin embargo, no será fácil. El blindaje a los estatutos impuesto por la anterior directiva y la presidencia de Covapa impiden que la nueva ejecutiva nombre a sus representantes.
"Es sangrante", resume José Vicente Higón, miembro de la comisión de gobierno y dirigente de la comarca de Valencia. "La anterior ejecutiva utilizó la federación para su uso personal". Según el detallado balance de cuentas sobre los nueve meses de gestión del anterior presidente de la federación FAPA-Valencia, Antoni Garcés, que se presentó en la última asamblea ordinaria, el "precio de la crisis" ha dejado una deuda que asciende ya a 4.887.343 pesetas.El método, explica Higón, se ha hecho "mediante el tradicional procedimiento de presentación de cobros y gastos por duplicado, el pase de facturas por actividades en las que los representantes de FAPA cobraban dietas o numerosos recibos de taxi, como por ejemplo las 284.000 pesetas facturadas por la secretaria Vicenta Guzmán que, además, es concejal por EU en Mislata".
Según el resultado de la auditoría interna, realizada con "limitaciones" por "la falta de documentos soporte de las cuentas de FAPA-Valencia", el balance arroja unos gastos en ese mismo periodo de 26.869.383 pesetas, de los cuales 19.529.000 no adjuntan la documentación correspondiente. Sólo en "servicios y desplazamientos", Garcés y los cinco miembros de su equipo facturaron 7.854.165 pesetas (en concepto de parking y garages, hotel, comidas, alquiler de coches, taxis, y desplazamientos en vehículos propios). Por la condonación de deudas de cuotas a ciertas APA, la federación dejó de ingresar otros 7.340.000 de pesetas.
Aunque, lo más inexplicable, en opinión del gerente Vicente Andreu Fajardo, es "la existencia de una cuenta corriente" abierta en la Caja Rural con nº 22886, "cuyo titular es FAPA y que no consta en los registros contables". Según pudo saber la gestora, que puso fin a la presidencia de Garcés en la polémica asamblea extraordinaria del 21 de noviembre, celebrada en la ciudad de Xàtiva, "la finalidad de esa cuenta era atender los gastos de las Agrupaciones Comarcales", que, por otra parte, son "entes plenamente integrados en la federación". Dicha cuenta fue cancelada el 17 de febrero de 1999, después de haber contabilizado ingresos de hasta 7.200.000, aunque cerró con un saldo de medio millón. Por otra parte, en el pago de 611.000 pesetas "a personas colaboradoras de FAPA" , la ejecutiva de Garcés no practicó las correspondientes retenciones de IRPF y sólo figuran como "recibos por colaboraciones ocasionales". "Todo esto", resume el gerente, "puede ocasionar una posible contingencia fiscal".
La nueva ejecutiva presidida por María del Carmen Molina, (presidenta del APA del colegio público Santa Teresa de Valencia y portavoz de la Plataforma per l'Ensenyament Públic), y por el vicepresidente José Antonio Moya (que desde la presidencia de la gestora provisional encabezó los trabajos de la transición hasta la pasada asamblea), tiene la doble tarea de sanear las cuentas y lograr el visado oficial para que la nueva ejecutiva esté en los órganos institucionales.
La tarea, sin embargo, no se prevé fácil. Según recuerda Higón, Garcés y José Antonio Ranchal, actual presidente de la confederación de APA (Covapa), "hicieron un blindaje de los estatutos, con la inestimable ayuda de algunos miembros de los servicios jurídicos de Educación, por la que 'cualquier padre de cualquier APA puede pertenecer a la junta directiva de Covapa". Es decir, las ejecutivas de FAPA-Castellón -en proceso de expulsión de la confederación por parte de Ranchal- y la de Valencia no podrán, de momento, nombrar a sus representantes. Y, por tanto, el Consell Escolar tampoco les reconocerá como miembros de pleno derecho de Covapa.
La Consejería de Educación, que se había negado a ejercer de árbitro, ha iniciado un proceso más transparente para otorgar subvenciones, de forma que las supuestas "irregularidades" que se les adjudican tanto a Garcés como a Ranchal toquen a su fin.
Cronología de un final anunciado
"Con la nueva ejecutiva, damos por cerrada la crisis de la federación y nos disponemos a trabajar con efectividad", resume el recién electo vicepresidente José Antonio Moya, al final de un via crucis que comenzó el 26 de junio de 1999, cuando la ejecutiva de Antoni Garcés impidió por primera vez el acceso a los críticos aglutinados en la gestora y ésta presentó una denuncia. Ésta fue la primera querella de un conflictivo proceso, donde la Gestora tuvo que disputarse el acceso a la sede pública. A ésta se sumaron tres denuncias más en cuatro días y, en medio, se vieron violentas escenas de desalojo en las que guardias de seguridad impedían el acceso de los críticos a Garcés. Para Moya, sin embargo, el problema de la federación no se resume con un simple divisionismo. "Entre nosotros no hay enemigos", asegura. A su juicio, lo que hubo fue un proceso orquestado desde arriba para desmovilizar el movimiento de padres más numeroso y vivir de él. Ahora, la asamblea ha pedido la "expulsión de Garcés y su ejecutiva para que no puedan ostentar ninguna representación de FAPA". Según Moya, lo que hay que hacer "es ponerse a trabajar y con eficacia". "La comunidad educativa no goza de buena salud, y esto es algo que hay que abordar con la atención que se merece". Y lo primero será la preparación en mayo de unas jornadas de reflexión sobre la escuela pública, a celebrar antes de julio.
