Chile/España y sus memorias

El Colegio de Altos Estudios Europeos de París, promovido por la Universidad Complutense y presidido por su rector, Rafael Puyol, ha organizado con el Colegio Chileno de Abogados y con la Universidad Central de Chile un curso para profesionales del derecho sobre la función jurídica y judicial en los procesos de integración europea y del Mercosur. Las circunstancias de compartir, como director del colegio, la responsabilidad del curso con Juan Guzmán Tapia, que fue su coideador, añadida a la actualidad del tema, han hecho que el tratamiento del caso Pinochet en España y en Chile esté siendo materia permanente de mis conversaciones aquí. El proceso de desafuero del antiguo dictador despejará la primera de las incógnitas: si la Corte de Apelaciones rechaza el desafuero, bien apoyándose en el artículo 19 de la Constitución de 1980 y en la garantía del juicio justo; bien en la prescripción de los delitos; bien en la persistente vigencia de la amnistía, el caso se cierra sin posible recurso ulterior. Por el contrario, si la Corte lo acepta, el proceso se transfiere a la Corte Suprema. Tanto la opinión de los expertos como la mediática vaticinan que se votará el desafuero.¿Qué sucederá después en la Corte Suprema? Ésta puede confirmar el desafuero, con lo que el juez Guzmán podrá detener y procesar a Pinochet, o, al contrario, rechazarlo por suponerle incapaz de afrontar un juicio, lo que haría inviable cualquier otra querella referida a Pinochet y clausuraría definitivamente su proceso. Esta última eventualidad, calificada por muchos como un mal menor, parece tener amplia acogida en este país. Para el Gobierno, el hecho de haber juzgado a Pinochet supondría haber cumplido el compromiso que asumió y probaría que la justicia democrática funciona en Chile; para los familiares de los desaparecidos, haber llevado al dictador hasta el Supremo sería una satisfacción, aunque incompleta; y, para el Ejército, la imputabilidad de su antiguo comandante en jefe, muy difícil de aceptar, podría ser admisible en último extremo si con ello se ponía punto final a la pinochetización de la vida política y social chilena. Incluida la militar. Situación que responde a los resultados más concordantes de las encuestas de opinón, según las cuales cerca del 75% de los chilenos desea que Pinochet sea juzgado en Chile, pero sin que el juicio ocasione graves perturbaciones, pues ello permitirá legitimar la recuperación de la tradición democrática de la que este país se enorgullece. El soporte último de la Mesa de Diálogo, creada por el Ministerio de Defensa y en la que participan la sociedad civil, las asociaciones de derechos humanos y las Fuerzas Armadas, está en la conciencia común de la histórica vocación democrática chilena.

Este problema remite al doble tema de los derechos humanos y las transiciones democráticas, por un lado, y al de la impunidad y la memoria, por otro. Respecto del primero, o consideramos que los derechos humanos son el marco que hace posible la democracia, que son su requisito previo, o, por el contrario, los constituimos en su contenido y sustancia, cuyo logro pleno sólo puede alcanzarse después de un largo ejercicio democrático. Los radicales de los derechos humanos se apuntan a la primera opción; los demócratas pragmáticos, a la segunda. La prevalencia de una o de otra es determinante para la evaluación de las transiciones democráticas. Guy Hermet sostiene que la impaciencia de los integristas de los derechos humanos puede significar un grave riesgo en las fases de apertura y de consolidación de las nuevas democracias. Las transiciones chilena y española corresponden, sin duda alguna, a este modelo de posibilismo democrático. En cuanto a la impunidad y a la memoria, hay que conjugarlas inversamente, pues la variante más absoluta de la primera es la ausencia de la segunda. A la amnesia empuja siempre la prudencia de los gobernantes -no destapemos la caja de Pandora- y con frecuencia la conveniencia de olvidar/ocultar el propio pasado. El juicio de Pinochet está suponiendo una vigorosa sacudida de la memoria histórica chilena que España sigue evitando en cuanto a la suya. De aquí la acusación que se nos hace de neocolonialismo político-judicial al asumir el papel de justicieros democráticos cuando nuestras miserias dictatoriales siguen cuidadosamente sepultas y silenciadas. Tal vez el despertar chileno pueda servirnos de revulsivo.