El Gobierno canario solicita al Estado el traslado de inmigrantes a la Península

El Gobierno de Canarias ha solicitado al Estado el traslado a la península de parte de los inmigrantes sin papeles que llegan a las islas a bordo de pateras, ante la imposibilidad de acogerlos a todos en los centros habilitados para su asistencia en el archipiélago. "Las competencias sobre extranjería dependen del Estado, por lo que el Gobierno central debe hacerse cargo de la atención a estos inmigrantes", afirmó el consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Ejecutivo canario, Marcial Morales, quien además recordó que los centros de acogida de Canarias se encuentran saturados desde hace tiempo.Los problemas se han agudizado en los últimos meses ante la llegada masiva de inmigrantes a las islas. La mayoría de los extranjeros que llegan son de origen subsahariano y los trámites burocráticos para la extradición se complican en muchos casos porque los países de origen no los reconocen como sus ciudadanos. De este modo se cumplen las 72 horas que establece la nueva Ley de Extranjería como plazo máximo de retención y los inmigrantes quedan en libertad, pero sin ningún tipo de recursos, por lo que empiezan a malvivir en los parques y las plazas de las islas. "No es solución soltarlos a la calle sin oficio ni beneficio. Lo que no puede hacer el Estado es decir: 'como yo nos lo puedo mantener retenidos más de tres días, los suelto y ya no se nada", declaró Morales.

De los más de 700 subsaharianos que alcanzaron las costas canarias en embarcaciones entre el 1 de enero y el 14 de abril de este año, 224 han sido puestos en libertad ante la imposibilidad de repatriarlos, según fuentes de la Delegación del Gobierno. De ellos consta que 45 viven en dependencias del aeropuerto de Guacimeta (Lanzarote), 23 en el centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco, 19 sobreviven a la intemperie en la plaza de San Ginés (Arrecife) y otros 89 lo hacen en el parque de Santa Catalina (Las Palmas).

Confusión de competencias

El Ejecutivo regional insistió en que está atendiendo a los inmigrantes, pero no dejó de manifestar reproches hacia el Gobierno central: "Estamos saliendo en la foto más de lo debido porque, de momento, estamos asumiendo competencias que no nos corresponden, ante el silencio y la lejanía de la Administración del Estado".

Desde la Delegación de Gobierno se afirmaba hace unos días que, aunque las Administraciones central y autónoma están teniendo reuniones para conseguir atajar el problema, se ha cumplido con lo establecido en la ley. Y añadieron que le corresponde a los cabildos y a la comunidad autónoma tomar las medidas sociales para asistir a los inmigrantes.

A esta confusión de competencias se suma la huelga que han mantenido los funcionarios de Justicia, que ha impedido la regularización de los inmigrantes que quieren acogerse al proceso extraordinario de regularización, iniciado el pasado 21 de marzo acorde con la nueva Ley de Extranjería.