Condenados dos agentes por el caso de la supuesta mafia policial en Zaragoza

Sólo seis condenados, entre ellos dos policías -por cohecho y estafa-, y ninguno irá a prisión. El magistrado Santiago Pérez, de la Audiencia de Zaragoza, hizo ayer pública la sentencia sobre un supuesto caso de mafia policial en la capital aragonesa que se remonta a 1995. La conclusión es que no existía trama alguna, sino delitos o faltas aisladas. Durante la investigación, en 1997, el senador socialista Carlos Piquer se quitó la vida agobiado por las acusaciones de una prostituta en el sentido de que la había incitado a drogarse.Según el fallo, por no haber, a veces no hubo ni cuerpo del delito, ya que a varios agentes se les acusaba de dar protección a traficantes de drogas y el juez ha absuelto a varios de estos últimos porque "no existe sustancia, ni cantidad ni calidad de la misma, como tampoco utensilios para su elaboración, preparación o venta". Es el caso de Luz Divina Valentín, supuestamente protegida por el policía Francisco Lardiés. Ambos han sido exculpados.

El fiscal ya levantó del banquillo, el pasado 27 de marzo, a diez de los imputados -de los 25, una había fallecido y otro está en paradero desconocido-. Ayer, cuando se conoció el veredicto, algunos de los agentes que llegaron a ingresar en prisión, como Lardiés y Fidencio Borao, también absuelto, se planteaban pedir reparaciones por el perjuicio sufrido.

En la sentencia, que se dicta tras 16 sesiones continuadas de un juicio que comenzó el 7 de marzo, el juez rebaja las penas solicitadas por el fiscal para los seis condenados -tres propietarios de bares de alterne, una prostituta y dos policías- y absuelve a otros siete.

El agente Ángel Visiedo ha sido condenado por cohecho pasivo a una multa de 1.100.000 pesetas y tres meses y dos años de inhabilitación profesional. A su compañero Carlos Solano, por estafa a una prostituta, le han correspondido cuatro meses de arresto mayor y otros tantos de inhabilitación, así como abonar 300.000 pesetas a su víctima, Caren Vasconcellos, brasileña, a la que aseguró que si le daba 100.000 pesetas todos los meses podría seguir en España y estaría libre de cualquier posible redada.