El fiscal aprecia delito en el fraude de ayudas sociales en Alicante

El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, aprecia indicios de delito en el fraude detectado por el Ayuntamiento de Alicante en el reparto de ayudas sociales a personas desfavorecidas. Romero cree que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa informática previsto y penado en el artículo 248 del Código Penal, por lo que ha remitido su actuación al Decanato de los Juzgados de Alicante para que se abran las correspondientes diligencias.El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, decidió poner el caso en conocimiento del fiscal después de conocer un informe municipal que ofrecía, con todo detalle, los entresijos del fraude. Según ese documento, un funcionario municipal adscrito al departamento de Asuntos Sociales desviaba los fondos públicos a beneficiarios ficticios de las ayudas, que entraban en las listas oficiales de los receptores de las prestaciones económicas mediante una manipulación del sistema informático municipal.

Al menos uno de los nombres ficticios correspondía a una persona ya fallecida. Las ayudas son distribuidas por el Ayuntamiento, aunque los fondos provienen de la Administración autonómica. Fue la Consejería de Asuntos Sociales la que detectó el fraude después de que el departamento municipal modernizara su sistema informático.

Aunque la cantidad presuntamente estafada aún no se conoce oficialmente, fuentes del Ayuntamiento aseguran que la cifra podría superar los diez millones de pesetas. El fraude se venía cometiendo desde 1997, aunque otras fuentes municipales apuntan más lejos y lo datan en 1991.