"Tiene derecho a guardar silencio"

En la realidad, al igual que en la televisión y el cine, la llamada norma Miranda ha sido sagrada en Estados Unidos desde 1966. Aunque la conocen de memoria, todos los policías la llevan en una pequeña ficha plastificada, un instrumento de trabajo tan imprescindible como la pistola y las esposas. Al detener a un sospechoso, los agentes, de uniforme o de paisano, deben leerle la fórmula Miranda, mil veces oída en las películas: "Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal. Tiene derecho a la asistencia de un abogado durante el interrogatorio. Si no puede permitirse un abogado, se le suministrará uno de oficio. ¿Entiende usted estos derechos?".Pues bien, el Tribunal Supremo de EE UU escuchará hoy en Washington sólidos argumentos en contra de la obligatoriedad de esa lectura. Según una sentencia emitida el pasado año por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, que tiene su sede en Richmond (Virginia), la policía norteamericana se ha pasado 34 años aplicando Miranda sin la menor necesidad constitucional. Ese Tribunal de Apelaciones, del que la mayoría de sus 13 jueces son conservadores, dictaminó que los derechos de los detenidos forman parte del marco constitucional, pero no así la obligatoriedad de que la policía tenga que recordárselos en el momento de la detención.

Las fuerzas de seguridad de EE UU aplauden el criterio del Tribunal de Apelaciones y esperan que el Supremo lo ratifique. Según fuentes policiales citadas por USA Today, más de 400.000 actuaciones policiales naufragan en EE UU cada año a causa de errores en la aplicación de Miranda, ya que las confesiones del detenido son nulas si no le fueron leídos sus derechos.

Fue el propio Tribunal Supremo el que estableció en 1966 la norma, a partir de un caso ocurrido en Arizona. En aquel año, Ernesto Miranda, un vagabundo de 23 años, fue acusado en ese Estado de secuestrar y violar a una chica de 18 años. Miranda, que daría nombre a la norma, firmó una confesión en comisaría sin que nadie le hubiera informado de que no estaba obligado a responder a las preguntas de los agentes. El caso llegó hasta el Supremo, que, con el liberal Earl Warren al frente, anuló la condena del acusado, obtenida a través de aquella confesión. Al leer su histórica sentencia, Warren declaró que cualquier sospechoso "debe ser advertido de que tiene derecho a guardar silencio y a la asistencia de un abogado".

Pero los tiempos han cambiado mucho desde entonces. En los sesenta, las fuerzas liberales estaban en alza en EE UU. Su fortaleza en las calles tenía eco en los centros de poder de Washington, incluido el Supremo. El máximo organismo del poder judicial compartía las preocupaciones ciudadanas por posibles excesos policiales. Hoy, el escenario es muy diferente: el conservadurismo de la calle se agudiza en los tribunales. Lo prueba la reciente ratificación por el Supremo de la decisión del Tribunal de Apelaciones de Richmond negándole al Gobierno la capacidad de regular la nicotina como si fuera una droga. ¿Seguirán también los magistrados de Washington el criterio de los de Virginia en el asunto de Miranda? En tal caso, la lectura de los derechos sería opcional, y serían válidas las declaraciones de los detenidos ante la policía en ausencia de abogados, siempre que fueran voluntarias.

Esa posibilidad inquieta a las asociaciones de abogados y organizaciones de derechos humanos. "No podemos vivir en una sociedad que funciona sin que la gente conozca sus derechos", dice Steve Saphiro, de la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU). "El acto formal de lectura de los derechos es una salvaguardia contra el abuso policial, es el mejor modo de reforzar la exigencia constitucional de que nadie pueda ser obligado a declarar en su contra".

A favor de Miranda se pronunciará también el departamento de Justicia. Según la fiscal general, Janet Reno, esa norma tiene "una dimensión constitucional". Pero no lo vieron así los magistrados de Richmond. En el origen de su decisión, que aprobará o rechazará el Supremo, hay un caso de robo. Charles Dickerson fue acusado de varios atracos en bancos de Maryland y Virginia, pero su confesión en comisaría fue anulada en el juicio porque la policía sólo le recitó la fórmula Miranda después de interrogarle. Richmond consideró que ese detalle no era relevante y restableció la validez de la confesión.