Robo de Estado

Cuando alguien que representa los intereses de la colectividad no permite que ésta se beneficie de las mejoras que le pueden representar billones de pesetas de ingresos a sus arcas públicas está cometiendo un robo de Estado. En el caso de la concesión de las cuatro licencias de telefonía móvil de tercera generación, por un precio total de 84 millardos, ese alguien ha sido el Gobierno de España.Parece evidente que la urgencia en la adjudicación de estas licencias no obedecía al interés de situarnos los primeros en la vanguardia tecnológica ni al riesgo de no superar con éxito las generales del 12 de marzo. Tal "agilidad" sólo buscaba anticiparse al conocimiento público del valor real de las mismas. Hubiese sido una decisión aún más difícil de explicar después de conocer los precios que se están alcanzando en el Reino Unido (600 millardos por licencia) o Turquía (110 millardos), por poner dos ejemplos.

Como ciudadano que dispone del nivel de información "establecido" para su condición, no puedo llegar a imaginar que, después de las fluidas relaciones entre nuestro presidente y el primer ministro británico, a nuestro estadista no se le haya ocurrido preguntar cómo iban a enfocar en aquel país un asunto de tal envergadura. Más bien, al contrario, entiendo que su nivel de información ha sido elevado y fiable. Todo ello hace que me sienta robado y engañado, sensación que, a buen seguro, compartirá alguno de los votantes populares.-