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El Supremo condiciona la imputación de Piqué en el 'caso Ercros' a la investigación de la Audiencia

El Tribunal Supremo decidió ayer esperar al resultado de las investigaciones que se siguen en la Audiencia Nacional sobre la venta de Ertoil antes de pronunciarse sobre si le compete investigar la eventual participación de Josep Piqué en un supuesto delito de alzamiento de bienes. Lejos de despejar el horizonte judicial de Piqué y devolver el caso a un juzgado de Barcelona, como proponía el informe del ministerio fiscal, el Supremo deja en el aire la eventual inculpación de Piqué y centra la cuestión en el "destino desconocido" de los 46.928 millones de pesetas que pagó Cepsa por Ertoil.

La Sala Penal del Supremo, integrada por cinco magistrados, acordó ayer mantener vivo el caso Ercros en vez de reenviarlo a un juzgado de Barcelona como proponía el informe del ministerio público, inducido por el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, tras relevar al fiscal adscrito al proceso, Bartolomé Vargas. En un lacónico auto, consensuado tras largas discusiones en el seno del tribunal, y en un único razonamiento jurídico, la Sala establece que las diligencias practicadas por el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona "y las últimamente aportadas por el Ministerio Fiscal no permiten, en este momento, a esta Sala, declarar su competencia para conocer de los hechos objeto de estas actuaciones".

Tras esa velada reconvención al fiscal, el Tribunal Supremo entiende que "el problema aquí planteado se centra en la determinación del destino dado al precio de la venta de Ertoil, SA, lo que está siendo investigado actualmente por el juzgado central de instrucción número 3" de la Audiencia Nacional. "Por tanto", añade, "esta Sala decidirá lo procedente a la vista del resultado de dicha investigación".

El Supremo acuerda en definitiva "no pronunciarse, en este momento, sobre su competencia para conocer los hechos" y "que el juzgado central de instrucción número 3 dé cuenta a este tribunal del resultado de su investigación sobre el particular".

El destino dado al precio de la venta de Ertoil que está siendo investigado en la Audiencia Nacional es la gran incógnita que planteaba el informe del fiscal del caso Ercros, Bartolomé Vargas, y que fue determinante para su relevo por el fiscal del Estado.

En dicho informe, que oficialmente nunca ha llegado a manos del Tribunal Supremo, Vargas explicaba que los "sólidos indicios probatorios" que andaba buscando se encontraban en el proceso seguido en el juzgado de la Audiencia Nacional, en el que se investigan delitos fiscales. Vargas concretaba que en la venta de Ertoil a terceros, salieron del patrimonio de Ercros 41.400 millones de pesetas pese a "que fueron ingresados de modo ficticio en las cuentas oficiales de Ercros".

La operación de salida de Ertoil de Ercros se consuma en septiembre de 1991, abonando Cepsa un total de 46.928 millones de pesetas que incluyen una comisión de 5.500 millones pagada a Elf-Aquitanie. "Diez meses después, Ercros suspende pagos con un pasivo de importe casi coincidente con el precio pagado por Ertoil", añadía el informe del fiscal relevado. En aquel momento, Josep Piqué era consejero de Ercros. El destino dado a ese dinero es sobre lo que el Supremo determina que se centren las investigaciones.

Según fuentes jurídicas, la juez de la Audiencia Nacional encargada de las diligencias de Ertoil, Teresa Palacios, preguntará hoy a las partes personadas si ven indicios contra el ministro de Industria y Energía en funciones, Josep Piqué, que hagan necesario remitir una comunicación al Tribunal Supremo.

La magistrada dará un plazo de veinticuatro horas a las partes para que se pronuncien respecto al auto dictado por el Supremo y en concretan digan si, de la documentación que obra en su juzgado, "se deducen indicios contra Piqué".

El secretario general de Nueva Izquierda (NI), Diego López Garrido, cuya formación está personada como acusación en la investigaciones sobre la venta de Ertoil, informará que "existen indicios racionales de criminalidad que afectan a Piqué por varios delitos", entre ellos apropiación indebida, alzamiento de bienes, fraude fiscal y delito societario.

El secretario general de NI declaró que el Supremo "acelera por fin la decisión sobre la imputación de Piqué y de otros presuntos implicados", como el financiero Javier de la Rosa. López Garrido agregó que Piqué, como director de Estrategia Corporativa de Ercros fue quien "protocolizó ante notario la venta de Ertoil".

La juez también está a la espera del informe que debe elaborar el fiscal anticorrupción adscrito al caso, Vicente González Mota. Según Anticorrupción, el fraude fiscal por la venta de Ertoil asciende a 3.700 millones de pesetas. Cuando tenga los informes sobre la mesa, la juez Palacios remitirá al Supremo la respuesta que el alto tribunal ha pedido.

Piqué: "Lectura positiva"

Por su parte, el ministro de Industria y portavoz del Gobierno en funciones, Josep Piqué, aseguró ayer que la decisión del Tribunal Supremo le merece una "lectura positiva". Piqué rehusó hacer "mayores comentarios" ya que, "como ante cualquier caso judicial, el Gobierno respeta las decisiones judiciales y la independencia del Poder Judicial".

El presidente del Gobierno en funciones, José María Aznar, respaldó el pasado día 4, durante su estancia en Egipto, la decisión del ministerio fiscal al interpretar que el informe presentado ante el Tribunal Supremo "entiende que no hay materia que pueda referirse al ministro portavoz". "Por tanto, yo respeto esa decisión", afirmó.

El proceso por la venta de la petrolera empezó hace un año

La investigación judicial de la venta de la filial de Ercros, Ertoil, a Cepsa en el año 1991 comenzó hace un año. En marzo de 1999, el secretario general de Nuevo Izquierda (NI), Diego López Garrido, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la venta de la petrolera Ertoil -primero a la sociedad instrumental GMH y posteriormente a Cepsa- al apreciar que en la operación existían indicios de delito fiscal, apropiación indebida, fraude al Tesoro Público y otros delitos societarios. La denuncia recaló en la Audiencia Nacional mientras el juzgado número 5 de Barcelona primero y el Tribunal Supremo después se ocupaban de otro presunto delito, en este caso de alzamiento de bienes, cometido en la suspensión de pagos de Ercros, en 1992, siendo el actual ministro portavoz en funciones, Josep Piqué, presidente de la compañía.

En su denuncia, NI destacó que en la venta de Ertoil, cerrada en enero de 1991 por el entonces vicepresidente de Ercros, Javier de la Rosa, y formalizada ante notario por Piqué, hubo trasiego de comisiones no explicadas. Según la denuncia, la sociedad instrumental GMH se comprometió a pagar a Ercros por Ertoil 41.400 millones. Un día después de cerrada la venta -10 de enero de 1991- GMH pactó a su vez una opción de compra sobre Ertoil con la compañía pública francesa Elf Aquitaine. Finalmente, en septiembre de 1991, Cepsa compró Ertoil y pagó a GMH 41.400 millones y a Elf 5.528 millones.

NI solicitó a la Audiencia el envío de una comisión rogatoria a Francia para investigar el destino de los miles de millones recibidos por Elf. Según fuentes de la Audiencia, esa comisión rogatoria no ha llegado a España. La Audiencia sí dispone de las cuentas de Ercros y de las actas del consejo y de la ejecutiva de Ercros -órganos de los que formó parte Piqué-. Esta información fue examinada por el fiscal del Supremo Bartolomé Vargas, quien se apoyó en ella para elaborar su informe favorable a imputar a Piqué.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de abril de 2000

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