Política de derechos humanos.

El Consejo de Europa que los padres fundadores concibieron como el arco central de la Europa política, vio, rápidamente, reducida su ambición, por obra del Reino Unido, al problemático status de organización intergubernamental. Desde ese precario soporte y con muy escasos medios se constituyó en celador permanente de los valores europeos, defensa de nuestra identidad, Estado de derecho, pluralismo democrático, promoción de nuestro modelo de sociedad, simbólicamente resumidos en los derechos humanos. Apoyado en ellos, el Consejo de Europa ha funcionado, durante más de cuatro décadas, como compañero de viaje de los procesos de transición política y como antesala de la Europa comunitaria. Los países sureuropeos en los años setenta y los de la Europa central y oriental en los ochenta y noventa han sido beneficiarios directos de esta doble función. El aborto (1992) de la Confederación Europea de Mitterrand y Havel, a manos de Bush y de la política exterior norteamericana, que está por historiar, y la incorporación de Rusia al Consejo de Europa como miembro de pleno derecho, confieren a ésta en exclusiva la difícil tarea de escoltar el proceso ruso de democratización y de arrimarlo al destino europeo. Propósitos a los que la mundialización y la exacerbación nacionalista que genera otorgan particular importancia y dramatismo y que el Consejo de Europa sólo puede acometer con la única política de que dispone: la de los derechos humanos.Diez años de caos, desbandada, rapiña e impunidad han devastado el país y han hecho de Rusia un campo de desolación, patética tierra de nadie propicia para las mafias y para los niños de la calle, que ya son más de 40.000 en la sola ciudad de San Petersburgo. Gregori Yavlinski, líder de Yabloko, el tercer partido ruso, en sus últimas declaraciones subraya la extrema dificultad de desmontar la alianza de la vieja nomenklatura criminal y de los jóvenes reformadores, alianza responsable de la desaparición de los 50.000 millones de dólares de ayudas y préstamos occidentales y de la confiscación privada de buena parte de los recursos de Rusia. Borís Berezovski, Anatoli Chubáis, Oleg Deripaska, Piotr Aven, Vladímir Potanin y Vagt Alekperov son algunos de los principales nombres de esa nomenklatura, a los que la prensa califica, sin ironía ni demérito alguno, de oligarcas que, según se afirma, han hecho y deshecho primeros ministros y de los que depende hoy la vida económica rusa.

Los conflictos en el Cáucaso y en particular las guerras de Chechenia han sido un factor extraordinariamente perturbador en estos 10 años de poscomunismo predemocrático. Guerras al mismo tiempo programadas e inevitables, en las que la exaltación patriótica chechena y las prioridades geopolíticas rusas en la zona -hoy el enemigo son los otros oleoductos- tejen una malla inextricable, cuyos grandes paganos son los chechenos. Más del 10% de su población aniquilada entre 1994 y 1996 y las ignominosas modalidades del exterminio puestas en marcha por la cruzada electoral de Vladímir Putin en Chechenia -denuncia-das por la FIDH y por la asociación Memorial, de las que la matanza de Aldy revelada por Human Rights Watch es sólo un ejemplo-, prueban que se ha estado pisando terreno genocidiario.

El Consejo de Europa, a través de su comisario para los Derechos Humanos, Álvaro Gil-Robles, y de su Asamblea Parlamentaria ha denunciado reiteradamente la situación (resolución 1201 del 4 de noviembre de 1999 y recomendación 1444 de 27 de enero de 2000) pidiendo un inmediato alto el fuego y el cese de los crímenes de guerra. Finalmente, el pasado 6 de abril se ha suspendido el derecho de voto de la delegación rusa en la Asamblea y se ha pedido al Comité de Ministros que proceda a la expulsión de Rusia del Consejo. Lo que no sucederá pero debería servir para que Putin -que es muy sensible a la respetabilidad exterior como lo fueron sus predecesores Primakov y Stepashin, formados también en el KGB, esa Escuela Nacional de Administración de la nueva Rusia- se decida a comenzar en serio una negociación política global en el Cáucaso y a crear en Chechenia una oficina de Derechos Humanos con miembros rusos y del Consejo de Europa que acabe con su violación sistemática.