Tocino cree que el informe pericial del vertido tóxico exime al Gobierno central

El informe de los peritos judiciales sobre la rotura de la balsa de Aznalcóllar fue considerado ayer por la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, una demostración de que "ni el Ministerio ni la Confederación del Guadalquivir tuvieron responsabilidad alguna", en el vertido tóxico. "Isabel Tocino nunca faltó a la verdad", afirmó la ministra quien sostuvo que las conclusiones conocidas avalan que su departamento "no tenía ninguna competencia" en el caso. Entre los imputados en la investigación figura aún un funcionario del Instituto Tecnológico y Minero, que también depende del Ministerio.

Las conclusiones del informe pericial, en poder de la juez instructora desde la pasada semana, apuntan a que el vertido tóxico en el entorno de Doñana se produjo por errores de cálculo en los proyectos de construcción y ampliación de la presa de la multinacional Boliden, que realizaron filiales de Dragados y Construcciones. Una hipótesis que Tocino aprovechó, en declaraciones a los periodistas, para desquitarse de las críticas recibidas por lo que ella misma consideró ayer "la catástrofe ecológica más importante que se ha producido en España". "Espero que las personas que tan duramente me descalificaron, y voy a perdonar los insultos personales que se me hicieron, no tuvieran ninguna animadversión hacia Isabel Tocino, sino que la falta de información de la que entonces disponían les llevara a no querer creer a la ministra de Medio Ambiente", dijo Tocino tras un acto en Madrid.

Reanudar el proceso

La ministra de Medio Ambiente en funciones expresó su "deseo" de que continúe el proceso judicial para que "a la vista de las causas presentadas por los peritos se determinen las responsabilidades de forma definitiva". Tocino resaltó su "objetividad" y "sinceridad" al mantener, pocos días después del desastre que se había salvado el Parque Nacional de Doñana. "A pesar de que se produjo una catástrofe sin precedentes, no fue en Doñana, sino en las minas de Aznalcóllar, que no eran competencia del Ministerio de Medio Ambiente", recordó la ministra para quien el "primer damnificado" por el desastre ecológico es "el pueblo español, que ha tenido que pagar 20.000 millones de pesetas para reparar los daños causados por la rotura de una balsa de residuos minerales".

Por su parte, el consejero de Industria, Guillermo Gutiérrez, y el consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, optaron por posiciones más prudentes. Ambos dijeron "no conocer" el contenido del informe y se mostraron partidarios a seguir tratando el caso en el Parlamento andaluz, e incluso a solicitar la comparecencia de los peritos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 10 de abril de 2000.

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