Tras la PSS, ¿qué? ÀNGEL CASTIÑEIRA / JOSEP M. LOZANO
A mediados de enero, este periódico se hizo eco del resultado de un estudio sobre el impacto del fin de la prestación social sustitutoria (PSS) en España. A este estudio se le ha añadido recientemente otro encargado por la Secretaría General de Juventud que pone de manifiesto que, en contra de una cierta mitología, los jóvenes tampoco concentran precisamente sus energías en los movimientos sociales y las ONG. Ante estas constataciones, no son de recibo los intentos de interpretar esta realidad como -¡todavía!- un efecto de la cultura franquista. Ya se sabe: cuando no se tiene nada que decir ante un problema, siempre se puede atribuir la culpa al enemigo exterior, al enemigo interior o al enemigo anterior. Algo habrá ocurrido en los últimos años que tiene que ver con esto, ¿no?En este sentido, el final de la PSS es una buena oportunidad para plantearse qué queremos hacer social y políticamente en nuestra situación actual. Aunque sólo sea por el hecho de que es necesario discutir sobre el destino de los recursos que hasta ahora ha absorbido la PSS (que, por cierto, es algo muy distinto a pelearse para decidir quién se queda con ellos).
Lo que parece indiscutible es que se ha producido un cambio muy importante en los últimos años que, en nuestra opinión, debería obligarnos no sólo a distinguir, sino a tratar por separado realidades que hasta hace muy poco se trataban conjuntamente. No es lo mismo analizar el fin de la PSS desde la perspectiva de las organizaciones que desde la perspectiva de la participación social. Desde el punto de vista organizativo, el problema fundamental que acecha a muchas entidades es la inquietud ante el futuro y la viabilidad de algunos servicios que ofrecen, una vez que desaparece el apoyo que suponía la PSS. Desde el punto de vista de la participación social, el problema fundamental es cómo incentivarla o potenciarla. Esto se manifiesta con bastante claridad si analizamos el itinerario organizativo que han seguido algunas entidades que originariamente ofrecían alternativas en el tiempo libre de los jóvenes. Mientras unas de ellas se han convertido básicamente en organizaciones de servicios y funcionan como tales (aunque tengan un componente asociativo), otras pretenden ser movimientos asociativos y de participación (aunque puede que también ofrezcan algún tipo de servicios). Si a ello añadimos el desarrollo y la importancia que tienen entre nosotros algunas asociaciones que para su funcionamiento combinan el trabajo de profesionales y voluntarios y, sobre todo, en las que muchos de sus asociados comparten sus objetivos e ideales, pero sin establecer relaciones entre sí, nos encontraremos ante la necesidad de clarificar sin tapujos qué problema queremos resolver al gestionar el fin de la PSS y cómo queremos hacerlo. Y no es lo mismo enfocarlo dando prioridad a la solución de los problemas organizativos que genera la desaparición de la PSS que dando prioridad al problema de cómo facilitar e incentivar la participación social. Evidentemente, no son enfoques antagónicos, pero tampoco son coincidentes, y siempre es bueno aclarar qué se pretende, sobre todo cuando se pueden tener objetivos distintos hablando de los mismos problemas en nombre de los mismos principios y valores.
La prestación social sustitutoria, como su propio nombre indica, fue una de las vías alternativas con que muchos jóvenes españoles contaron para cumplir con un deber constitucionalmente aprobado. Era, por decirlo así, un servicio "social" alternativo al servicio "militar", pero se mantenía el supuesto de la idea de servicio, con un componente de obligatoriedad.
Por eso, la desaparición de la PSS abre una realidad totalmente distinta que apunta directamente al corazón de la participación ciudadana y a la naturaleza de nuestras obligaciones públicas. ¿Debería haber en Cataluña una participación social comprometida con la dimensión solidaria de nuestra convivencia? Y si fuera así, ¿este compromiso cómo debería vehicularse? ¿Desde la tradición "liberal" del voluntariado (que deja a la libre elección de los individuos la decisión de participar o no)? ¿O bien desdela tradición "republicana" (que imprime en la caracterización de la ciudadanía no tan sólo unos derechos, sino también unos deberes)? Dado que los derechos y deberes de ciudadanía son universales, ¿no deberíamos contemplar la tarea solidaria desde parámetros mucho más amplios que los actuales y sin depender de la rancia herencia de la militarización de un colectivo de jóvenes? El debate pendiente en Cataluña recae sobre la explicitación consensuada del tipo de ciudadanos que queremos ser y eso va más allá, mucho más allá, de si algún futuro servicio civil ha de ser obligatorio o voluntario.
Cuatro retos fundamentales siguen pendientes de resolución: la creciente distancia entre las instituciones y los ciudadanos, el debilitamiento de la solidaridad social y, en paralelo, la reformulación del Estado de bienestar y el declive de la figura clásica del Estado-nación. Cataluña puede tener el privilegio de enfrentarse a estos retos desde la originalidad, desde el debate pausado y plural sobre los derechos y deberes de sus miembros, y a partir de ahí contribuir a generar y regenerar su propia comunidad política. Otros países vecinos andan también metidos en ello. En Italia, por ejemplo, Pierpaolo Donati ha acuñado el término "ciudadanía societaria" para enfatizar el nuevo carácter asociativo y relacional de la ciudadanía. Y en el Reino Unido Anne Weinstock nos recordaba que su hijo, para poder acceder a un master en una de las universidades más prestigiosas del país, debía incluir en su currículum como condición necesaria su trayectoria en el compromiso asociativo y solidario con la comunidad civil. La desaparición de la PSS puede suponernos un problema, pero también una oportunidad. Ojalá la aprovechemos.
Àngel Castiñeira y Josep M. Lozano son profesores de ESADE.
