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La juez Palacios levantó 'el velo' de los patrimonios

El primero de junio de 1998, la juez Teresa Palacios, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dictó un auto, a petición de los fiscales Luis López Sanz y Javier Sánchez Junco, por el cual se intentaba recuperar una parte del dinero detraido a través de operaciones presuntamente delictivas por valor de unos 12.000 millones de pesetas en Banesto.Las responsabilidades pecuniarias exigidas a Conde en el caso Banesto se elevan a 10.127 millones de pesetas. Pero de esa cantidad no se había logrado recuperar gran cosa. La juez, pues, consideró que los fiscales estaban en lo cierto: había que levantar el velo y embargar todo aquello que revelara una confusión entre los patrimonios de Conde y el de sus sociedades.

La juez ordenó el 1 de junio de 1998 el embargo de todas las acciones representativas del capital de la sociedad Asebur Inversiones, otrora la principal sociedad patrimonial del exbanquero y de su familia y que ahora aparece como propiedad al 100% de la suiza Kaneko Holding, sociedad que el abogado y fiduciario Paolo Gallone había asignado a Conde, según declaró incriminándose a sí mismo, en Lausana, ante el juez de instrucción Jacques Antenen, con el fin de canalizar una parte de su patrimonio privado.

La juez, asimismo, dictó el embargo de las acciones de Lassalcedas S.A., propiedad de la holandesa Ge.so.co. y de Asebur Inversiones, y titular de una importante finca con explotación cinegética en Ciudad Real, La Salceda; lo mismo ordenó para las acciones de Los Carrizos de Castilblanco, propiedad de Ge.so.co., titular de la finca con explotación agrícola Los Carrizos, en Sevilla; y agregó el embargo de las acciones de Industrias Cumaria S.L. propiedad de Asuma B.V., otra sociedad registrada en Holanda.

La sociedad Industrias Cumaria, que tiene una participación de Lourdes Arroyo, esposa del exbanquero, había sido titular del Alejandra, un superyate de 41 metros de eslora, que Mario Conde vendió formalmente a una sociedad extranjera radicada en la isla de Jersey para explotación comercial, pero a cuyo frente situó a su patrón, Stephen McLaren. La defensa de Mario Conde recurrió el 8 de junio de 1998 la decisión de la juez, calificándola de "extravagante" y de "desmesurada simpleza".

La juez desestimó el recurso el 3 de julio siguiente. "Si de desmesurada simpleza se tacha el auto combatido, más simple es la situación que ha abocado al mismo, toda vez que ante la divergencia entre una apariencia de bienestar económico patrimonial más que saludable y la que, sin embargo, aparece documentada en torno a la que el Juzgado se ha movido, consistentes en diversos saldos bancarios que con un importe de 2.461.329 pesetas, acciones valoradas en 6.620.383 pesetas aproximadamente y una motocicleta marca Honda, modelo NX650, así como el reembargo de diversos cuadros y acciones que constan embargados en el procedimiento abreviado 165/93 de este Juzgado o pignoradas por el Banco Urquijo, cantidad que en absoluto se aproxima a la de 10.127 millones que se reclama como responsabilidad civil, lleva a desentrañar la realidad, en aras de conseguir el restablecimiento de perjuicio de orden civil que se le ha atribuido al acusado y que viene obligado a afrontar. Si no de motu propio, habrá que suplir su pasividad. Todo ello, reconducible a la doctrina del levantamiento del velo y en su seno a lo que se ha calificado como de escuetas expresiones que sí parecen inteligibles cuando de ellas se ha defendido y ha articulado el presente recurso, procediendo por todo ello a su desestimación".

La juez dio más pasos. En octubre de 1999, los fiscales solicitaron que se impusiera la administración judicial en las sociedades Asebur Inversiones, Kaneko Holding, Ge.so.co., Asuma BV, Industrias Cumaria, Lassalcedas S.A y Los Carrizos de Castilblanco S.A.L., ya embargadas, y otras, como Sinergy Ibérica y Nort Activos.

La juez resolvió el 4 de octubre de 1999 que "la administración judicial se presenta como el único medio eficaz de asegurar todos los bienes de titularidad formal de las mismas con el fin de poder garantizar que en su momento se pueda hacer efectiva la responsabilidad civil". Nombró, pues, administradores a Leonor Mateo, perito agrícola, y Jesús Abad, economista auditor.

Sin embargo, fuentes bancarias señalan a éste periódico que Conde ha seguido realizando ciertas actividades, particularmente en Los Carrizos, en Sevilla, de las cuales obtuvo algunos rendimientos. En particular, ha alquilado una parte de la finca para cacerías. "Llegabas tras pagar una cantidad importante. Te repartían junto con otros en unos todoterrenos y en la colina de la finca había escoltas con walkie-talkies que vigilaban mientras cazabas. Si advertían a los coches de la guardia civil llegando, tenías que estar preparado para salir zumbando en los coches", dijo una fuente.

Las cuentas bancarias en el exterior han estado bien protegidas. Conde ha operado en diversos países y con múltiples entidades bancarias. En Suiza, con el Bankhaus Adler, el Bank Linth, el Raiffeisenkbank, el St. Gallische Kantonalbank, el Sweitz Bankverein y el Schweitzerische Kreditanstalt, la Union de Banques Suisse y, en Vaduz, Liechtenstein, con el NMB (después International Nederlanden Bank).

Banesto, por su parte, consiguió bloquear los fondos procedentes de la llamada Operación Carburos (1.344 millones de pesetas de 1990 o unos 2.000 millones de hoy, con sus intereses) en Liechtenstein, como parte de un pleito civil para recuperar el dinero actualmente en marcha. La sentencia de ayer, al considerar delito de apropiación la citada operación, abre el camino para recuperar los fondos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de abril de 2000

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