El Gobierno de Castilla-La Mancha pide a Fomento la asignación urgente de frecuencias de televisión local
El consejero de Obras Públicas del Gobierno autonómico, Alejandro Gil, ha enviado una carta al ministro de Fomento en funciones, Rafael Arias-Salgado, en la que solicita la asignación urgente de las frecuencias de televisión local que corresponden a Castilla-La Mancha. Gil apela en dicha nota a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos, lo que exige "introducir la racionalidad legal que hasta ahora ha faltado en las televisiones locales". Pero el Gobierno central sigue actuando contra este tipo de emisoras. El Ministerio de Fomento precintará de nuevo Televisión Ciudad Real (TVCR), según anunció ayer a la dirección de ese medio la subdelegada del Gobierno, Mercedes Cuéllar. Un primer precinto ya le fue aplicado en octubre pasado y fue levantado por orden del juez de lo Contencioso de Ciudad Real, el 4 de noviembre de 1999, quien entendió que con su decisión se protegían los derechos constitucionales de comunicar y recibir información veraz, entre otros; pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha fallado ahora a favor de la Administración central y en contra de la emisora.
Julián Camacho, director de TVCR, anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo. Considera que la Administración, avalada ahora por ese fallo judicial, se basa en que este canal carece de título habilitante para emitir, mientras matiza que "estamos en las mismas condiciones que las más de 700 televisiones locales que hay en España".
El precinto de esta emisora se suma al de otras dos, cerradas desde octubre por orden de Fomento. Una de ellas es CRN, cuyo director, Marcelo Larrañaga, va a pedir a la Junta el título habilitante y el desprecinto de sus equipos. Larrañaga se basa en que la Ley 41/1995 y el Estatuto de Autonomía otorgan las competencias en esta materia al Gobierno regional y recuerda que, además, obliga al Ministerio de Fomento a aprobar el reglamento y plan técnico correspondiente, "lo que no ha hecho después de cinco años, generando indefensión y un imposible jurídico, ya que por un lado te obliga a cumplir una serie de requisitos y por otro no pone en marcha los mecanismos para poder cumplirlos".
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