_
_
_
_
_

Dos años de cárcel por fraude para tres ex directivos de Prisiones

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel por fraude a tres ex altos cargos de Trabajos Penitenciarios (el organismo de Instituciones Penitenciarias que se encarga de vender los productos que elaboran los presos en las cárceles). La sentencia establece que el gerente de Trabajos Penitenciarios y otros dos directivos urdieron un plan para enriquecerse con las transacciones comerciales que efectuó este organismo en los primeros años de la década de los 90.Los condenados son el ex gerente de Trabajos Penitenciarios Rafael Martínez Torrecillas; el ex tesorero Javier Serrano Ibáñez, y el también ex directivo José Carlos Romero Delgado. Los tres favorecieron la constitución de ocho empresas ficticias y las utilizaron como intermediarias para las compras y las ventas que realizó el organismo en esos años.

Al frente de la mayoría de esas empresas figuraban Sagrario Pinilla, cuñada de Serrano, y un amigo de ésta. Estas empresas, al poco de nacer, facturaron compras y ventas a Trabajos Penitenciarios por importe de 600 millones de pesetas. El tribunal afirma que los acusados modificaron las normas de contratación y obligaron a sus proveedores a canalizar sus ventas al organismo a través de ellas, "con el consiguiente incremento de los precios de los productos". Los pedidos para los talleres de las cárceles también fueron canalizados a través de estas industrias. El tribunal cita como ejemplo la adquisición de una partida de zapatos que importó 27 millones y que fue canalizada a través de una de las empresas ficticias. La adjudicación del pedido se hizo "directamente" a una de las empresas fantasma y, según el tribunal, sin que se justificase "la necesidad" de esa compra.

Reparto de beneficios

Los beneficios de esa intermedación, según intuye el tribunal en su sentencia, se los repartieron los acusados. Aunque el fiscal acusó también a estos ex directivos de delitos de malversación de caudales públicos, los jueces les absuelven de ellos por falta de pruebas, y, paralelamente, critican las lagunas y ausencia de informes periciales en la instrucción del caso. Los magistrados (Jesús Fernández Entralgo, Javier Martínez Lázaro, ponente, y Edilberto Galán) razonan: "Estos informes periciales habrían sido clave para determinar el perjuicio producido al organismo y el subsiguiente enriquecimiento de los acusados. Lamentablemente", agregan los jueces, "tampoco se han producido investigaciones patrimoniales serias en las cuentas corrientes de los acusados, ni del destino último de los beneficios que pudieron obtener las empresas intermediarias regentadas" por la cuñada de uno de los acusados.

El tribunal tampoco da por acreditados "los esfuerzos del fiscal para demostrar que las ventas efectuadas a Trabajos Penitenciarios se efectuaron muy por encima del valor de los precios del mercado".

Tres de las seis personas que se sentaron en el banquillo por estos hechos, incluida Sagrario Pinilla, han sido absueltas.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_