Socios del Unicaja denuncian al Ayuntamiento de Málaga por riesgo en el Palacio de los Deportes

Las circunstancias del cierre del Palacio de los Deportes de Málaga, clausurado por problemas graves en su estructura el 22 de septiembre de 1999, sólo 18 días después de su inauguración, dejaron estupefactos a los aficionados del Unicaja de baloncesto. Ayer, cinco socios del club presentaron a título particular una querella contra los responsables del Ayuntamiento y de la constructora Ferrovial, por los delitos de riesgo y contra la ordenación del territorio. Los querellantes dijeron que no han actuado hasta ahora porque esperaban "que alguna entidad afectada hiciera algo".

"Hemos estado esperando que alguien tomara la iniciativa de exigir responsabilidades y después de meses de ver que nadie lo hacía, comentamos que uno no se puede resignar. Hemos recopilado un dossier, hemos pedido asesoramiento y hemos presentado una querella que queremos que sea una espoleta para que los ciudadanos, especialmente los abonados del Unicaja, tomen medidas". María Dolores Fernández es ATS y trabaja en el Hospital Clínico de Málaga. Ella actuó de portavoz de los cinco querellantes, con los que comparte "lugar de trabajo y amistad".La querella está dirigida contra la alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, el concejal de Urbanismo, Francisco de la Torre, el de Deportes, Javier Berlanga, el director de las obras del Palacio, Miguel Ángel Ruiz Barrionuevo, y el representante legal de Ferrovial, Eduardo Porras Ballesteros.

A estas cinco personas las acusan de haber permitido la apertura del pabellón a sabiendas de que tenía graves problemas de estructura, "infringiendo las más elementales normas de seguridad, pudiendo haber ocasionado resultados catastróficos y poniendo en peligro la vida y la integridad física de las 8.500 personas que acudieron a la inauguración, así como de las que acudieron al partido siguiente".

Por este hecho se les considera responsables de un presunto delito de riesgo. Pero los querellantes los acusan además de un delito contra la ordenación del territorio, y consideran que la actuación de los responsables municipales durante el proceso de ejecución de la obra puede ser constitutiva de prevaricación.

Los querellantes recuerdan que el 2 de septiembre de 1999, la empresa Cemosa, encargada del control de la obra, advirtió al Ayuntamiento de que en determinados puntos del Palacio habían aparecido fisuras que se estaban arreglando en aquel momento. Junto a la querella se aporta este informe y varios más emitidos anteriormente, donde se daba cuenta de diversas grietas en techos y paredes.

También se narra un incidente ocurrido durante un entrenamiento que el equipo de baloncesto realizó el día 15 de septiembre en el pabellón. El desprendimiento de un tornillo de un pivote del techo provocó un sonido parecido al de una explosión, y todo el mundo corrió despavorido hacia la zona de vestuarios. "Es fácil imaginar qué hubiese ocurrido si los hechos relatados, que provocaron pánico a tan sólo una decena de personas, se hubiesen producido con más de 8.500 personas en el interior del palacio", dice la querella.

Entre las irregularidades cometidas se señala un convenio firmado por Berlanga y Porras en el que se pactaba el uso del pabellón para el día 4 de septiembre, a pesar de que la obra no había sido recepcionada por el Ayuntamiento. En el documento, que se adjunta, "se exime totalmente [a Ferrovial] de la responsabilidad que pudiera surgir de cualquier incidencia que acaeciese".

También se destaca que la licencia de primera ocupación fue firmada "por un órgano incompetente", porque el gerente de Urbanismo, "consciente de las irregularidades en la tramitación, se niega a firmar los permisos pertinentes". Entre estas irregularidades se cita, por ejemplo, que las obras se ejecutaron sin la aprobación del proyecto modificado de ejecución.