EL JUICIO POR EL 'CASO LASA-ZABALA' El fiscal dice que los GAL se pusieron "al mismo o peor nivel que ETA"

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, concluyó ayer su informe en el juicio por el caso Lasa-Zabala afirmando que "la actividad de los GAL supuso un retroceso y grave error en la lucha contra el terrorismo de ETA al ponerse al mismo nivel que los terroristas". "Con este juicio", según el fiscal, "se pasa la página, una de las páginas más negras de nuestra historia reciente, y una página que sólo puede pasarse mediante su lectura por el poder judicial y depurando las responsabilidades sobre estos atroces hechos".

El fiscal, en sus consideraciones finales, elogió la trayectoria profesional de los procesados y reconoció su eficaz labor en la lucha antiterrorista, como cuando, destacó, el general Enrique Rodríguez Galindo y sus subordinados y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera desarticularon la cúpula de ETA en Bidart (Francia) en marzo de 1992. Jesús Santos agregó que conoce los acertados servicios prestados por guardias como Ángel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo, porque ha ejercido la acusación contra terroristas detenidos por ellos, con los que se ha evitado la muerte de muchos ciudadanos. Por ello admitió que acusar a Galindo y sus hombres le ha causado "ciertos grados de amargura y tristeza".

Sin embargo, precisó, esa brillante trayectoria profesional "no atenúa ni amortigua la realidad de su participación en estos hechos criminales y el rigor solicitado en la imposición de las penas, precisamente por los hechos tan horribles y dramáticos que se efectuaron sobre los señores Lasa y Zabala".

El fiscal recalcó que es consciente de la gravedad de las penas que solicita -más de 100 años para los cinco principales procesados-, "pero también lo son los hechos enjuiciados", especialmente porque fueron cometidos por "aquellas personas que son los primeros garantes y los primeros custodios de la legalidad y son los primeros que la han infringido".

Razón de Estado

Santos atacó la razón de Estado y dijo: "La actividad desplegada por los GAL desde 1983 a 1986 nos hizo retroceder al siglo XVI, a la praxis de la teoría política de Maquiavelo, según la cual la ley, la moral y el derecho son para el pueblo, pero no para el gobernante", que está por encima de la ley y para el que prima la razón de Estado.

Los policías deben proteger a la colectividad de los actos violentos y delictivos y por ello deben ser los primeros garantes de la legalidad, resaltó Santos. Y añadió: "Toda eficacia policial debe enmarcarse dentro del respeto a la ley y no a extramuros de ella". "Ninguna razón", aseguró, "ni tan siquiera la dramática y cruel presencia de la delincuencia terrorista, puede justificar ninguna ilegalidad, y, a la postre, tiene el riesgo de convertirse en argumento adicional a las obscenas explicaciones o justificaciones de la dialéctica terrorista".

"Cuando la autoridad pública, alejándose de su misión, vulnera la ley", concluyó, "corrompe los cimientos en que se apoya y afecta gravemente a la institución que representa".

Por su parte, el letrado Iñigo Iruin, en representación de las madres de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, afirmó que la investigación sobre la detención ilegal, la tortura y el asesinato de los dos etarras ha llegado mucho más lejos que todos los casos anteriores de la guerra sucia contra ETA.

Iruin agregó que, en el año 2000, la acusación no tiene dudas de que los GAL no fueron terrorismo de incontrolados, ni de mercenarios, sino consecuencia de una decisión política sostenida y auspiciada por las más altas instancias del Estado.

Asimismo, señaló que comparte con el fiscal que el proceso se cierra en falso y que faltan en el banquillo de los acusados los integrantes de los distintos niveles de responsabilidad de los GAL, de la dirección, planificación y ejecución. Y puntualizó: "El fiscal ha dicho que con este juicio se pasa una página, pero hay que precisar que esta página está inacabada".

Iruin resaltó la gran importancia de los documentos aportados por el excoronel Juan Alberto Perote sobre las conversaciones mantenidas entre Galindo y el sargento Gómez Nieto, 15 días antes del secuestro de Lasa y Zabala, en los que se detallan preparativos para acciones de guerra sucia en Francia. Según el letrado, se ha demostrado que el contenido es auténtico porque los datos que se mencionan han sido contrastados.