Los jueces suspenden la toma de posesión del presidente de Cajastur
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) suspendió ayer cautelarmente durante 24 horas el decreto aprobado por el Gobierno socialista asturiano hace una semana y que supuso el cese inmediato del presidente de Caja de Asturias (Cajastur), Manuel Menéndez, al reintroducir el límite de mandatos a ocho años que el anterior Gobierno, del PP, había eliminado en 1996 también por decreto. El auto justifica la suspensión, "provisionalísima", en virtud de que las razones aducidas por el Principado en dicho texto "no se concilian entre sí". El Gobierno asturiano, por su parte, justifica en el decreto la medida de los ocho años para facilitar la discusión parlamentaria de una futura ley que permita la estabilización definitiva de la caja.
Como consecuencia de la suspensión cautelar, en atención a tres recursos interpuestos contra la decisión del Principado, el consejo de administración de la caja no pudo elegir ayer al nuevo presidente, Paulino García Suárez, propuesto por el Ejecutivo, quien no llegó a tomar posesión tampoco, por ese motivo, como consejero.
La situación en Caja de Asturias sigue complicándose cada día que pasa. La destitución de Manuel Menéndez por decisión del Gobierno socialista que preside Vicente Álvarez Areces, pese a que la dirección regional del PSOE apoyaba su continuidad al frente de la caja, hizo aflorar el pasado día 16 con toda su contundencia el enfrentamiento que desde hace meses se venía constatando entre el Gobierno y el partido que lo sustenta.
El grupo parlamentario socialista, en el que los afines al presidente del Gobierno están en minoría, presentaron el lunes, con el apoyo de la dirección de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), una proposición de ley al margen del Gobierno para regular las cajas de ahorros.
Proyecto
Ayer, el Gobierno asturiano exhibió un nuevo gesto de firmeza, anunciando la presentación de su propio proyecto de ley en la Cámara. Esta decisión se produce apenas 48 horas después de que el secretario general de la FSA, Luis Martínez Noval, anunciara tras más de siete horas de debate en el seno de la ejecutiva socialista que este órgano mediará entre el Gobierno y el grupo parlamentario, con mayoría guerrista, para superar las diferencias.
La decisión judicial de ayer no prejuzga la validez del decreto, pero introduce una medida cautelar de suspensión hasta que, tras oír a las partes hoy y el lunes, tome una decisión sobre los recursos. Éstos fueron presentados por tres de los afectados por el restablecimiento del límite de ocho años: Carlos Siñeriz, que formaba parte del consejo en representación de los trabajadores; José David Vigil-Escalera, secretario del consejo y Jaime Reinares, del PP, alcalde en funciones de Oviedo.
