El fiscal del 'caso Atlético' respalda la administración judicial frente a Gil

El fiscal Carlos Castresana y el abogado de un grupo de accionistas minoritarios, Ildefonso González, solicitaron ayer a la Audiencia Nacional que confirme la administración judicial del Atlético de Madrid impuesta el pasado diciembre por el juez Manuel García Castellón, medida contra la que recurrió el abogado de Jesús Gil, Horacio Oliva. Oliva criticó la administración judicial y pidió que se revoque, ya que, a su entender, vulnera la legalidad constitucional y ordinaria, ya que se adoptó de acuerdo con un decreto ley de 1969 que contradice preceptos constitucionales. El defensor insistió también en que el decreto de 1969 está específicamente derogado por la Ley de Enjuiciamiento Civil que entra en vigor en enero de 2001. La defensa de Gil también alegó que el administrador judicial, Luis Manuel Rubí, no cumplía los requisitos de idoneidad del decreto ya que no tenía "reconocida experiencia empresarial" y era incompatible por ser funcionario del Estado.

Según fuentes jurídicas, el fiscal Castresana replicó que el administrador Rubí era, en todo caso, más idóneo que los anteriores gestores, y significó que la medida era legal y se acordó para asegurar el proceso. Concluyó que revocar la administración judicial sería "una decisión temeraria".