Libertad y medios de comunicación FRANCESC DE CARRERAS

La existencia de una opinión pública libre, como elemento imprescindible de una sociedad democrática, es un tema recurrente en el debate político de los últimos tiempos. Libertad de expresión y democracia son términos que, desde los inicios del pensamiento liberal, han sido considerados como inseparables. Clásicos como Milton, Hume, Hamilton, Tocqueville o Stuart Mill y autores actuales como Habermas, Häberle o Ackerman han propuesto como núcleo central de su teoría de la democracia que el sustrato básico de la libertad del hombre lo constituye la existencia de una comunidad de personas racionales y bien informadas, capaces de pensar autónomamente. La exigencia de esta idea es hoy más acuciante todavía debido a que tanto el nivel cultural del hombre actual como el nivel tecnológico alcanzado por los medios de comunicación pueden hacer realidad aquello que en otros tiempos no era más que una utópica aspiración.Sin embargo, la realidad nos muestra a menudo lo alejados que todavía estamos de una sociedad en la cual los ciudadanos puedan ser considerados como sujetos bien informados acerca de los acontecimientos y problemas que puedan ser de su interés, presupuesto fundamental para poder participar en el proceso político democrático -por ejemplo, en el proceso electoral- con las garantías suficientes de saber cuáles son sus deseos e intereses.

Numerosos hechos recientes ponen de manifiesto esta situación. Es bien sabido que una parte importante de la confrontación política de estos últimos años ha estado protagonizada por el control de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, ligado a la acelerada transformación técnica que los mismos están experimentando. La expansión espectacular de Telefónica concita tanto interés no sólo por ser de largo la primera empresa multinacional originariamente española sino también por el poder político que puede llegar a acumular dada su posición clave en el mundo de las telecomunicaciones, hoy en la base de todos los sistemas de información.

Pero también hechos más menudos y coyunturales ponen de manifiesto las insuficiencias de una comunicación social libre. Las cartas publicadas por este periódico de fieles lectores que se autoconfesaban de izquierdas, pero que expresaban su descontento por la cobertura informativa de la reciente campaña electoral, muestran la preocupación y el interés del ciudadano por una información amplia y objetiva que les permita formar autónomamente su opinión. Asimismo, el editor de La Vanguardia ha tenido que aclarar que el relevo en la dirección del periódico "no es fruto de ningún resultado electoral, ni de negociación económica alguna". Otros muchos medios de comunicación, tanto privados como públicos, son constantemente sospechosos de una sistemática manipulación informativa.

Por todo ello, es una tarea democrática urgente debatir estos problemas y adoptar un nuevo marco legislativo respecto a los medios de comunicación social mediante el cual la opinión pública libre en nuestra sociedad deje de ser un pío deseo y pase a ser, en la medida de lo posible, una realidad. Sin ella, el proceso democrático -es decir, la participación de los ciudadanos en los órganos públicos- deberá considerarse como totalmente viciado y el poder político pasará de ser considerado como una autoridad legítima, dotada de auctoritas, a ser un simple poder cualquiera, incapacitado para obligar a los ciudadanos, fenómeno que parcialmente ya sucede en la actualidad.

Esta legislación, a mi modo de ver, debe tratar los medios de comunicación como instrumentos de poder político y social. Por tanto, aunque sean medios de propiedad privada -obviamente más todavía si son públicos-, deben someterse a garantías legales que les permitan ser órganos de expresión de una sociedad civil constituida por ciudadanos libres e iguales. Los medios no deben constituirse en los filtros que utilizan los diversos poderes -incluidos, por supuesto, los partidos políticos- para asegurar y perpetuar su dominio sobre la sociedad sino que, por el contrario, deben ser el canal mediante el cual el ciudadano libre conforma una opinión pública necesaria para legitimar, mediante un proceso democrático, las decisiones de los poderes políticos. En muchos casos, tanto la apariencia como la realidad muestran que son más un espeso filtro que un amplio canal.

Así como el derecho urbanístico ha limitado un derecho de propiedad que era considerado hasta hace poco un dominio absoluto del propietario, el nuevo derecho sobre los medios de comunicación social debe limitar también el poder absoluto de los periodistas o de los accionistas en la medida en que ello sea necesario para preservar un ámbito público de debate -la esfera pública, diría Habermas- que, como hemos indicado, es imprescindible para el correcto desarrollo del proceso democrático, es decir, del procedimiento de legitimación de los poderes políticos que son fuente de derechos y obligaciones de los ciudadanos. Esto exigiría, por ejemplo, la extensión a todos los medios de unos estatutos de redacción que amparen la libre expresión y los derechos de los ciudadanos.

Si Montesquieu en un célebre pasaje de El espíritu de las leyes dijo que todo estaría perdido para la posible existencia de la libertad del hombre si los tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- estuvieran en las mismas manos, hoy debe decirse con el mismo énfasis que también todo estará perdido para la posible existencia de la libertad del hombre si están en las mismas manos el poder político, el poder económico y los medios de comunicación de masas.