Flexibilidad pactada

José María Aznar se ha apresurado a señalar como una de las primeras tareas de la nueva legislatura el diálogo con los agentes sociales, orientado a la consecución del pleno empleo. En el programa electoral del PP se propone para ello extender "el trabajo a tiempo parcial, que facilita la flexibilidad organizativa de las empresas", y al mismo tiempo seguir fomentando "la contratación indefinida, profundizando en los acuerdos de mayo de 1997". La cuadratura aparente de este círculo se consigue probablemente haciendo converger las distintas modalidades de contratación; más concretamente, estableciendo un tipo de contrato indefinido con coste de despido más bajo, por ejemplo, de 20 días por año trabajado. El ministro de Trabajo en funciones, Juan Carlos Aparicio, desmintió ayer que desde el Gobierno se estuviera diseñando un contrato de este tipo. Pero es más que probable que la profundización de los acuerdos de 1997 vaya por ese camino. Una de las líneas de resistencia del mercado laboral es el excesivo peso de las cargas sociales sobre la creación de empleo. Esas cargas son superiores a la media europea y, por lo tanto, cualquier iniciativa política que las reduzca hasta situar a las empresas españolas en condiciones de igualdad competitiva debe ser favorablemente recibida. Si el objetivo es, como se dice, el pleno empleo, los obstáculos parciales a la creación de puestos de trabajo deben ser eliminados. Siempre y cuando se tenga en cuenta que existe un balance fiscal que requiere soluciones globales y no parciales; porque si bien es cierto que la fiscalidad sobre la generación de empleo es superior en España, también es cierto que la fiscalidad real sobre los beneficios -impuesto sobre sociedades- es inferior a la media europea. La flexibilidad en el empleo se ha convertido en una condición importante para crear nuevos puestos de trabajo; pero existen criterios sociales que deben considerarse como marco o límite en el que negociar las ventajas tributarias y contractuales que puedan contribuir a la creación de empleo. Uno de ellos es el valor de la negociación como método para evitar la confrontación social, y otro es el derecho de los ciudadanos a disponer de empleos que les permitan desarrollar su capacidad y no solamente meros lugares circunstanciales donde ganar pequeñas cantidades de dinero durante periodos de tiempo cada vez más reducidos. Por estas razones, los empresarios y los trabajadores pueden llegar a entender que rebajar el grado de temporalidad a cambio de reducir el coste del despido puede ser una buena idea, si se alcanza mediante el diálogo y el pacto.