La defensa de Gil pide la nulidad del proceso en el juicio del 'caso Atlético'

El juicio del caso Atlético se inició ayer en la Audiencia de Málaga con un ataque frontal de las defensas al juez Santiago Torres, que inició la instrucción del proceso hace 17 meses. La defensa del alcalde de Marbella, Jesús Gil, pidió al tribunal la nulidad de las actuaciones, "porque el juez no fue ni legal, ni imparcial". El fiscal pide 34 años de cárcel para Gil, que se sienta en el banquillo junto a otros 11 acusados, por prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Horacio Oliva, el abogado del alcalde de Marbella y ex presidente del Atlético de Madrid, intentó demostrar que la instrucción del caso se hizo vulnerando los derechos fundamentales de su defendido. El juez Santiago Torres estaba de guardia el 13 de octubre de 1998, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó su querella por el supuesto desvío de 450 millones de pesetas de las arcas municipales al club de fútbol. La defensa considera que "el juez se quedó con una causa que no le correspondía" y el caso no fue a reparto, de manera irregular. Oliva recordó que el juez Torres había coincidido en Barcelona con varios miembros de la Fiscalía Anticorrupción. Y atribuyó la "falta de neutralidad del instructor" a un pretendido favor "a sus viejos amigos de Barcelona". En el juicio no se dijo que Torres había estado apartado del caso, por una recusación, entre el 17 de octubre y el 22 de diciembre.

Oliva acusó al instructor de llevar a cabo "una frenética actividad procesal" con fines inquisitoriales: "Se investigó la vida entera de una persona", en alusión al rastreo de las actividades municipales, futbolísticas y privadas de Gil en bancos, Hacienda, Seguridad Social, decretos de la alcaldía y un informe que se pidió a la policía sobre posible blanqueo de dinero. El defensor aprovechó una cita de jurisprudencia del Tribunal Constitucional para calificar la investigación de "cuasi demoníaca".

La defensa informó que el 24 de febrero presentó una querella criminal contra Santiago Torres por "retardo malicioso", al no contestar a la Audiencia en 33 recursos de queja presentados contra sus autos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no admitió a trámite la querella.

La defensa de Jesús Gil también pidió la nulidad, porque varios de los delitos de los que se acusa a su cliente, de ser ciertos, habrían prescrito. Entre ellos la compra ficticia del 63% de las acciones del Atlético de Madrid, con 1.300 millones prestados durante un día por la empresa Dorna, el 30 de junio de 1992. También, dos contratos de patrocinio de las camisetas del club de fútbol en las temporadas 1991-92 y 1992-93, que el fiscal sostiene que fue una publicidad gratuita y los documentos se falsearon en junio de 1993.

Todos los defensores intervinieron ayer para solicitar la nulidad de las actuaciones y pedir al tribunal que envíe el caso a reparto. Esta mañana, a las once, le toca el turno a la acusación.