El grupo socialista de Elche justifica una de las permutas de terreno con un informe ajeno al Consistorio
El PSPV de Elche presentó ayer un informe, encargado a una compañía tasadora independiente, para justificar la actuación urbanística que llevó a cabo en febrero el Ayuntamiento de la ciudad, cuando permutó 24.888 metros cuadrados de titularidad pública, situados en la pedanía turística de Arenales del Sol, por 7.526 metros cuadrados de propiedad privada ubicados en el polígono de Carrús. La tasación de la mercantil Tinsa, contratada por el partido, otorga un valor de 2.400 pesetas el metro cuadrado del suelo público, frente a las 2.267 pesetas fijadas por los técnicos municipales. El trabajo no hace mención ni valora los terrenos de Carrús que perseguía el Consistorio, a los que concedió un valor idéntico al de la zona costera.
Para el portavoz municipal del PSPV, Carlos González, el precio fijado por la mercantil "confirma" que las acusaciones de EU y PP de "pelotazo" y "trato de favor", atendieron a una "cacería política de corte electoralista". La oposición y fuentes del sector de la construcción calcularon el precio de mercado del suelo en la costa de Arenales en 10.000 pesetas el metro cuadrado, lo que provocó duras críticas contra el gobierno que preside Diego Macià. Días después de desatarse la polémica, el constructor con el que el Consistorio había cerrado la operación, Ramón Salvador Águeda, renunció a los terrenos públicos, forzando a los socialistas a revocar la permuta en el pleno municipal.
La tasación conocida ayer fija un precio para el solar público de 60 millones de pesetas, frente a los 56,4 que concedió el Consistorio. Carlos González aseguró que, pese a que el daño "es irreversible", el informe pretende "recuperar la credibilidad del equipo de gobierno dañada por las acusaciones infundadas".
El equipo de gobierno amenazó, en mitad de la polémica, con llevar las críticas de EU y PP a los tribunales, bajo la actuación del Ayuntamiento. González solicitó a los portavoces de ambos partidos una "rectificación pública", para no acudir a los juzgados. "No tenemos ningún interés en ir a los tribunales", señaló.
La existencia de ese informe, que fue solicitado por el PSPV en el mes de febrero sin anuncio previo, y que sólo se ha hecho público tras conocerse que el resultado es favorable, se confrontará en los próximos días con otro que el PP encargó a otra tasadora independiente.
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