Las incógnitas de la legislatura Preocupación ante la posible desaparición del ministerio y algunas promesas del PP

El rotundo triunfo del PP en las elecciones ha sido acogido con preocupación por los sindicatos docentes, la oposición y gran parte de la comunidad educativa. La primera gran incertidumbre es el futuro del ministerio, que puede desaparecer una vez transferidas las mayoría de sus competencias a las comunidades. Compromisos electorales del PP como la reforma de las humanidades, la reducción de optativas o la diversificación de itinerarios en la ESO se convertirán previsiblemente en fuente de conflictos con las comunidades (ocho de ellas en manos ajenas al PP).

A la incógnita sobre el futuro del ministerio se une el temor a la imposición de reformas con las que no están de acuerdo algunos colectivos y que colearon durante la legislatura anterior, impulsadas inicialmente por la ex ministra Esperanza Aguirre y posteriormente por Mariano Rajoy. Los sindicatos, los padres de alumos de la enseñanza pública y la oposición temen que el Gobierno intente sacar adelante sin consenso, gracias a la mayoría absoluta obtenida el 12 de marzo, definitivas reformas legales que produzcan reales desviaciones presupuestarias hacia la enseñanza privada.En cuanto al futuro del ministerio, entre las hipótesis que se barajan en este momento no es descabellado pensar que sus escasas competencias, como la gestión de la alta inspección educativa, sean asumidas por otro departamento. Una alternativa que se plantea es que se traslade a un departamento de Presidencia del Gobierno, una opción probable si se confirma la hipótesis de que Mariano Rajoy, que seguramente no continuará como ministro de Educación, ocupe una de las vicepresidencias del futuro Ejecutivo. Una hipótesis razonable, según las actuales expectativas, es que la educación siga en manos de Rajoy tras la pacífica gestión realizada después del tormentoso paso de Esperanza Aguirre por el ministerio.

La comunidad educativa teme, además, que se relegue el papel de la educación si se disuelve el ministerio. En cualquier caso, el organismo que se debe encargar a partir de ahora de la vertebración y organización del sistema educativo es la Conferencia Sectorial, que está integrada por representantes del Gobierno. Hasta ahora, su funcionamiento ha sido bastante precario en cuanto a la eficacia.

El programa en materia de educación presentado por el Partido Popular en las pasadas elecciones señala algunos de esos cambios controvertidos. Éstas son las promesas del PP en relación con la educación no universitaria (los entrecomillados son parte del programa electoral):

- Currículo

- "Establecer, con carácter general, la iniciación del aprendizaje de un idioma extranjero a los tres años". Puede hacerse mediante una ley que obligue a las comunidades a llevarlo a cabo o mediante recomendaciones. Tendría necesariamente que ir acompañada de un apoyo presupuestario.

- "Reforzar las materias troncales en la educación secundaria obligatoria y reducir el elevado grado de fragmentación curricular". Se pretende reducir las materias optativas para aumentar las horas de las troncales, como matemáticas o lengua. Una medida realmente controvertida, porque el Gobierno central no tiene competencias para decidir la cantidad de optativas que deben impartir las comunidades.

- "Poner el acento en la educación secundaria obligatoria, particularmente en la lengua y las matemáticas por su valor instrumental, incrementando su carga lectiva en toda la etapa". Y "reforzar la presencia de las humanidades en el bachillerato y, en particular, de la filosofía, las lenguas clásicas y la historia universal y de España".

El margen del Gobierno para reformar el currículo es el de las enseñanzas mínimas, que suponen el 65% del currículo para las comunidades sin lengua propia y el 55% para las comunidades con ella. Esos contenidos mínimos son difíciles de cambiar porque están cuidadosamente encajados. Mover las horas de unas materias sería en perjuicio de otras.

- "Modificar el carácter comprensivo del segundo ciclo de la ESO, preservando un tronco común e introduciendo diferentes itinerarios orientados hacia la etapa posterior". Se puede poner en marcha mediante una ley orgánica que obligue a las comunidades o mediante recomendaciones. El problema de este adelanto es que, si se vincula la elección de los alumnos a esa edad (14 años) a la opción posterior de bachillerato (científico o humanístico, por ejemplo), se está obligando a elegir demasiado pronto una especialidad. Otro inconveniente es el título que se daría a los alumnos. Otorgarles uno que sólo les habilite para seguir después determinado tipo de estudios limitaría su futuro y sería muy discutido.

- Calendario

- "Homologar el número de días lectivos del curso escolar con el de los países de nuestro entorno". Una medida que sería muy aplaudida por las asociaciones de padres de alumnos de la educación, pero que cuenta con las reticencias de los sindicatos y otros colectivos.

- Profesorado. Las reformas que hacen referencia al profesorado son complicadas por la necesidad de pactar con los sindicatos de la enseñanza, si se busca el consenso, y por la importante inyección de recursos económicos y personales que supondría cualquier cambio representativo.

- "Establecer por ley un Estatuto de la Función Pública Docente en donde se aseguren los derechos básicos del profesorado, y se expliciten sus obligaciones y las de las Administraciones Educativas en todo el territorio del Estado". Es complicado. Supone determinar el horario de todos los profesores, el acceso a la docencia y sus funciones.

- "Definir un plan de carrera profesional para el profesorado que establezca una previsión personal de evolución profesional que integre formación, evaluación y progresión". Es una propuesta necesaria, pero la evaluación y los deberes del profesorado son cuestiones delicadas y no hay que perder de vista que son las comunidades las que tendrían que aplicar las medidas. Además, no se han puesto en marcha experiencias para comprobar los mejores modelos de evaluación.

"Un sistema universitario vertebrado"

En materia universitaria, las promesas del PP tendrán por fuerza que ir acompañadas de un pacto con los rectores y con las comunidades. Son éstas:

"La elaboración de una ley que propicie un sistema universitario español vertebrado". No haber sido capaz de plantear y abordar la modificación de la actual Ley de Reforma Universitaria (LRU) ha sido una de las críticas más repetidas desde las universidades en la pasada legislatura. El pacto con los rectores será imprescindible si no se quiere una revolución universitaria. También lo será con las comunidades, lo que puede desatar más de un conflicto. Algunas, como la catalana, tienen ya sus propias ideas sobre el modelo que prefieren.

"Se revisará el Estatuto del Profesorado, manteniendo las figuras de profesor funcionario y profesor contratado con nuevas formas de contratación que aseguren la promoción, en función de los méritos y la capacidad". Supone abrir la posibilidad de dotar a la Universidad de profesores contratados no funcionarios. Un problema será de quién van a depender los contratos a esos profesores: del Gobierno central, de las comunidades o de las propias universidades.