Educación renuncia a imponer cupos de admisión de alumnos de minorías étnicas

Madrid - 18 mar 2000 - 00:00CET

La Consejería de Educación ha descartado imponer el próximo curso cupos obligatorios para que los centros privados concertados reserven un porcentaje de sus plazas para alumnos inmigrantes, gitanos y de familias marginales. Con la actual normativa ministerial de admisión de alumnos, Madrid sufre graves desequilibrios: de los casi 21.000 escolares que necesitan educación compensatoria este curso, tan sólo el 22% estudia en centros privados concertados.La consejería ya ha repartido en diferentes sectores educativos las instrucciones para el proceso de admisión de alumnos, que comenzará el 25 de abril. A pesar de que la Comunidad tiene competencias desde julio, ha descartado elaborar una normativa propia que impida a los centros seleccionar a su alumnado, como ahora ocurre en la práctica.

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Amador Sánchez, director general de Centros, no quiso opinar sobre el real decreto que regula el proceso -y que fue elaborado por el actual viceconsejero de Educación cuando estaba en el ministerio-, pero aseguró que en ningún caso les hubiera dado tiempo a poner de acuerdo a toda la comunidad educativa. "Sustituir el real decreto requiere una tramitación larga y tendría que pasar por el consejo escolar, aún no constituido", dijo.

Los criterios de admisión, según esta normativa del Ministerio de Educación, son fundamentalmente tres: el número de hermanos que el solicitante tiene en el centro, vivir cerca y el nivel de renta familiar. Pero existe un cuarto que ha levantado las críticas de la oposición, sindicatos y asociaciones de padres: uno de libre disposición y que el centro puede otorgar según crea conveniente. Otro de los aspectos más criticados del decreto de 1997 es que son los propios centros los que reciben las solicitudes y las aceptan. Tan sólo en segunda instancia, las comisiones de escolarización reparten a los chavales que no hayan encontrado sitio en el centro que pedían primero entre colegios con plazas libres.

"El quitar a los centros la autonomía a la hora de hacer la matrícula es un reto largo y complicado", aseguró Sánchez, y añadió: "El problema no es tanto la normativa como la aplicación que se está haciendo".

Aunque todos los centros sostenidos con dinero público tienen la obligación de aceptar las solicitudes, muchas familias lo desconocen, y si al presentarla les dicen que no hay plaza, desisten de matricular a sus hijos en un centro concertado. PASA A LA PÁGINA 3

Educación mantiene la normativa que permite a los centros seleccionar al alumnado

VIENE DE LA PÁGINA 1 Las cifras del alumnado con necesidades de educación compensatoria dan la razón a la oposición, sindicatos y asociaciones de padres. Su principal denuncia es que los centros concertados sostenidos con fondos públicos no se corresponsabilizan de la educación del alumnado más difícil. La pública se hace cargo del 85,5% de los gitanos que necesitan atención específica, del 82,3% de los inmigrantes y del 68,3% de los chavales procedentes de entornos marginales, según las cifras de la consejería.

El portavoz socialista de Educación en la Asamblea, Adolfo Navarro, ha solicitado la comparecencia del consejero, Gustavo Villapalos, para que explique cómo va a garantizar que los alumnos se escolaricen de forma equilibrada en los centros públicos y concertados y cómo va a impedir que seleccionen de forma "encubierta". Navarro exigió a la consejería que elabore su propio decreto eliminando el punto de libre disposición de los centros y que contemple la reserva entre un 10% y 20% de las plazas para este alumnado. Y que sean las comisiones de escolarización las que distribuyan este cupo entre los chavales. El 60% de la población escolar está matriculada en centros públicos, y el resto, en privados.

El PP rechazó una proposición no de ley presentada el pasado jueves por IU contra el fracaso escolar. La primera propuesta englobaba precisamente estos dos puntos "para evitar que se creen guetos educativos y se refuerce la marginación", según Franco González, portavoz de Educación de IU.

La federación madrileña de enseñanza de CCOO apunta más lejos. Isabel Galvín, responsable de política educativa, señaló que es imprescindible que las comisiones de escolarización "tengan capacidad real de distribuir a los alumnos" y que tengan carácter permanente para poder escolarizar y hacer un seguimiento a los niños más difíciles aun a mitad de curso.

Carmen Espinar, secretaria de la Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos, señaló que, además de un máximo, es necesario que se establezca un cupo mínimo obligatorio para los niños de compensatoria. La ley establece un 25% como tope de alumnos de compensatoria, aunque en la realidad algunos centros públicos llegan al 70%.

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