Los registros judiciales contra la trama de corrupción de Hacienda buscaban obtener datos sobre más de 60 firmas

La cadena de registros judiciales realizada el pasado jueves en Barcelona por orden del juzgado número 33 pretendían recopilar la máxima información posible sobre más de sesenta sociedades y fondos de inversión a través de las cuales los miembros de la presunta trama de corrupción en la Delegación de Hacienda en Cataluña ocultaban sus bienes y los ingresos procedentes de sus actividades. En algunos casos, varias de esas sociedades sirvieron incluso como instrumentales en operaciones que pudieron ocultar al fisco dinero de terceros.La mayoría de las sociedades están relacionadas con el exjefe de inspección de Cataluña José María Huguet y su esposa, Rosa Guasch, el ex delegado especial y ex director general de Hacienda Ernesto de Aguiar, el exjefe de la Oficina Nacional de Inspección (ONI) en Cataluña José Ramón Morató y el jefe de Unidad Regional Álvaro Pernas. Una de las sociedades más activas de este primer grupo de socios era Aravaca, en la que cada uno participaba en diferente porcentaje a través de sus propias sociedades.

Otra característica detectada durante la investigación es que algunas sociedades de la trama acababan invirtiendo y comprando acciones en empresas que previamente habían sido inspeccionadas por algunos de ellos. Éste es el caso de sociedades de Huguet y de Pernas. Este último, que fue denunciado por la propia Hacienda por tres supuestos intentos de extorsión, llegó a comprar su residencia a una empresa a la que estaba inspeccionando.

Otra sociedad de Huguet, Investcarson, compró una empresa de cavas que poco después revendió por un precio muy superior. En total, más de sesenta empresas y fondos de inversión que complican la investigación sobre el verdadero volumen de dinero ingresado por los inspectores.

Un caso notable es el del jefe de Unidad Regional, José Lucas Carrasco, titular de una multimillonaria cuenta en Suiza, quien a través de su sociedad LML facturó más de cien millones de pesetas al grupo constructor Núñez y Navarro, al mismo tiempo que otro inspector, Manuel Abella, le realizaba docenas de inspecciones en tiempo récord y con reclamaciones consideradas simbólicas por los servicios de auditoría de la Agencia Tributaria. Abella también es sospechoso en las inspecciones a De la Rosa y Folchi.

Además, la sociedad de Lucas cobró también del grupo Torras cuando estaba dirigido por Javier de la Rosa y tenía como asesor al abogado Juan José Folchi. Cuando se conoció la existencia de su cuenta en Suiza, Lucas presentó declaración complementaria de ingresos, reconociendo fondos de 207 millones.

Esta misma semana, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado en el juzgado 33 de Barcelona una querella contra todos los supuestos integrantes de la trama, los mencionados más el inspector jefe adjunto Roger Bergua, varios testaferros de sus sociedades, un agente de Bolsa, Enrique Viola Tarragona, y un experto fiscal, Ricardo Valera, quien actuó como asesor de varios grupos empresariales de los que obtuvieron supuesto trato de favor. Precisamente, la querella también imputa a los responsables de tres de esos grupos: Núñez y Navarro; Ibusa, presidida por Eduardo Bueno, ex candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat, y Torras.