ONG y sindicatos critican la lentitud en la regularización de inmigrantes

La improvisación, la lentitud, la falta de seriedad y la nula planificación caracterizan la actitud de la Administración en el proceso de regularización de inmigrantes -que comenzará el próximo martes y se alargará hasta el 31 de julio-, según denunció ayer la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, una organización que agrupa a los sindicatos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones que trabajan con extranjeros. La Oficina de Extranjeros de Valencia, dependiente de la Delegación de Gobierno, convocó el miércoles una reunión informativa que se celebrará hoy para explicar cómo afrontará este proceso la Administración. La información ha sido "nula" en la Comunidad Valenciana, según la mesa. Como ejemplo de la actitud de dejadez de la Delegación de Gobierno que dirige Carlos González Cepeda, señalan que pese a que desde hace cuatro meses se conocía que el proceso de regularización se abriría el 21 de marzo, "ni asociaciones, ONG o sindicatos han tenido información alguna sobre el procedimiento excepto por lo que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado". Además acusan al Gobierno de haber incumplido la promesa de hacer campañas informativas para los inmigrantes y califican de increíble que cinco días antes del comienzo del plazo "no se disponga de los impresos especiales para la tramitación del procedimiento de regularización o no se sepa la sede que habilitará la Administración para la entrega de los expedientes". La mesa también lamenta la tardanza en la contratación de personal de refuerzo, "sólo una semana antes de la entrada en vigor del proceso", lo que provovará que los inmigrantes tengan que tratar con personal con "nula experiencia". Las asociaciones pretenden que se eviten las largas colas que se produjeron a finales de enero, que en Alicante derivaron en cargas policiales, provocadas por la falta de información y de medios dispuestos por la Administración

Hasta 11.000 personas se podrían beneficiar en la Comunidad de la regularización masiva, incluida en la nueva ley de Extranjería, una cifra que puede rondar los 5.000 sólo en la provincia de Valencia, según Javier Botey, el abogado del Centro de Información para Trabajadores Migrantes. Botey pidió ayer una interpretación flexible del la norma que habilita el procedimiento para que se puedan beneficiar el máximo número de extranjeros posible. De igual forma, la representante de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado, Ana Pavón, pidió el máximo de celeridad en la tramitación de resoluciones.