Una explicación

A lo largo de los últimos días no he podido dejar de recordar la anécdota que cuenta Elizabeth Noelle-Neumann sobre las elecciones alemanas de 1965, en las que su Instituto había dado como pronóstico un empate entre la CDU y el SPD mediante encuestas realizadas 15 días antes de la elección. La noche electoral, antes de que se cerraran las urnas, y sobre la base de las encuestas que se habían llevado a cabo los días precedentes a la elección, cambió su pronóstico a uno de 8 puntos de ventaja de la CDU, que fue lo que finalmente sucedió. Entre medias, como ella reconoce, no habían cambiado los datos directos de las encuestas, pero sí los criterios para su interpretación. Nacía así la teoría de la espiral de silencio.Algo de eso ha pasado en España el 12 de marzo. Las encuestas publicadas que, por imperativo legal, no pueden recoger nada de lo que sucede en los diez días anteriores a la elección, puesto que su publicación está prohibida en los cinco días previos a la misma, convergían, en su mayor parte, en otorgar una ventaja al PP sobre el PSOE de entre 4 y 5 puntos, con una horquilla de escaños que le aproximaba a la mayoría absoluta, aunque sin lograrla. Algunas de esas encuestas (notablemente, las del CIS y Demoscopia) facilitaban también los datos directos que daban pie a la estimación y, en ellos, se advertía una ventaja explícita mayor del PP sobre el PSOE.

¿Defecto de cocina, por tanto? ¿Prácticas colusivas de las empresas para amarrar a la vista de lo que sucedió en 1996? Sinceramente, creo que la convergencia en las estimaciones debe algo al escarmiento de 1996, pero, en lo sustancial, era una apuesta prudente acerca de la previsible movilización del electorado de izquierdas en los días que restaban hasta el final de la campaña. Como tal, desde un punto de vista técnico, era una opción razonable y avisada.

Porque el panorama, en efecto, a la altura de los últimos días de febrero y primeros de marzo, lo que mostraba era una movilización asimétrica muy considerable entre el bloque electoral del PP (altamente movilizado y explícito sobre la dirección de su voto) y el bloque electoral de la izquierda (más dubitativo sobre la participación y, sobre todo, indefinido acerca de la dirección de su voto).

Que esa asimetría en la movilización se mantuviera hasta el día de la elección era, evidentemente, un asunto opinable. Una interpretación más arriesgada era perfectamente posible (y hubiera sido, desde luego, más atinada). Pero no cabe tachar ni de técnicamente deficiente, ni, menos, de deshonesta, la opción por la que se apostó mayoritariamente.

Ahora bien, una vez en vigor el veto de difusión, que, no se olvide, impide difundir encuestas, pero no realizarlas, algunas empresas, entre ellas Demoscopia, han seguido haciendo sondeos hasta el propio día de la elección.

A la altura del miércoles, ya era evidente por nuestros datos que la brecha entre los dos principales partidos iba a ser superior a la estimada en los sondeos publicados. No habían cambiado los datos brutos, o habían cambiado muy poco, pero era obvio que se mantenía la movilización asimétrica y, por lo tanto, también lo era que la estimación se abría. A la altura del viernes, nuestra estimación era de 7 puntos de distancia y nuestra última estimación, el sábado, pronosticaba 8 puntos de diferencia entre PP y PSOE y mayoría absoluta del primero. Aun nos quedamos cortos.

Ante la imposibilidad de difundir en España esta nueva situación, respondí a una entrevista de Libération que "la distancia ha aumentado estos últimos días y el PP roza la mayoría absoluta" (página 10; 11-12 marzo), y expresé el viernes, en una entrevista a Radio América de Buenos Aires, mi completo convencimiento de que el PP ganaría por mayoría absoluta.

Esto es lo que ha pasado. Sin duda, las estimaciones no han sido perfectas. Puede acusárselas de timoratas y de excesivamente prudentes. Pero también hay que decir que, una vez más, nos hemos visto corporativamente perjudicados por una normativa absurda, la que impone el artículo 69 de la Ley Electoral, que se traduce en un límite injustificado a la información de los lectores, es decir, de los ciudadanos.