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Las obras del nuevo Sanchinarro cercan a las familias reacias a la expropiación

Antonio Jiménez Barca

Uno de los gigantescos nuevos barrios previstos al norte de la ciudad, el de Sanchinarro, de 12.000 viviendas, tan grande como Soria, se está construyendo alrededor de las casas bajas de 31 familias que vivían ahí desde hace decenas de años y que se niegan a abandonar el terreno porque consideran que las condiciones de la expropiación no les convienen. Ocho de estas familias tienen su casa en un cerro situado en medio justo del terreno, cercado por completo de excavadoras, terraplenes, trabajadores y vigilantes. Las otras 23 respiran más aliviadas porque sus casas, ubicadas en una esquina del nuevo barrio, todavía no han sido afectadas de lleno, pero miran de reojo cómo las obras se acercan. En unos meses estarán a las puertas.Una de las residentes en el cerro, Rosa Santano, de 36 años, nacida en Sanchinarro, asegura que alguna vez han tenido que salir "con garrotes" para impedir que las máquinas derribasen sus casas. Residen dentro de una pesadilla: "No sólo escuchamos el estruendo de las excavadoras día y noche sino que cada vez se nos corta más frecuentemente el agua, la luz, el teléfono....". Alrededor de la vivienda de Santano hay cables de alta tensión suspendidos a menos de un metro del suelo, ya que los antiguos postes están inclinados. Algo que la aterra, ya que, además de sus dos hijos, en el cerro viven 10 pequeños más.

El Ayuntamiento dejó en manos privadas la gestión de este barrio, enclavado al norte, en un triángulo de 380 hectáreas delimitado por la vía Borde de Hortaleza, la M-40 y la carretera de Burgos. Santano explica que las 7.000 pesetas por metro cuadrado que les ofrece la junta de compensación (organismo que agrupa a los gestores), no les conviene, ya que con el cambio pierden su modo de vida (pastoreo de cabras y ovejas) y la posibilidad de vivir "en el lugar en el que se ha nacido". La junta les da un piso en San Blas pero las familias piden una compensación económica.

"Si no se van, pondremos una valla y seguiremos la obra", dice la constructora

El presidente de la Junta de Compensación, Alejandro Uriarte, asegura que a las familias que resisten en Sanchinarro les han ofrecido "un piso en San Blas o dinero para que paguen el alquiler hasta que se construyan pisos en Sanchinarro y puedan irse ahí". "Esas familias ya han sido expropiadas por ley, y si se niegan a irse, pues vallaremos la zona y seguiremos construyendo hasta que se marchen", añadió.Las condiciones en las que viven las ocho familas que residen en el cerro se aproximan bastante a lo inhumano. Para llevar a los niños al colegio, los padres deben atravesar varios kilómetros de pistas de obras rodeados de excavadoras y obreros. Las farolas dejaron de existir hace mucho y los residentes se alumbran con linternas por la noche. Hay vecinos que se han marchado aceptando las condiciones de expropiación. En cuanto esto pasa, las excavadoras acuden para echar abajo la casa, de modo que los que quedan tienen que convivir al lado de viviendas convertidas en escombros, en medio e un paisaje de ruina.

7.000 pesetas

El precio de la expropiación es 7.000 pesetas por metro cuadrado, algo que parece insuficiente a los vecinos. "Si a mí me dan 12 millones por mi terreno ¿qué hago con mis cinco hijos, que viven aquí desde siempre y que ya tienen su propia familia, su casa, y sus hijos?", replica José Luis Castelo, de 70 años, que llegó hace 50 a Sanchinarro. "Además, que si quieren este terreno, que antes nadie quería, pues que paguen", añadió.

Los afectados están unidos y les representa un abogado que, según explica el director de la junta de compensación "pide millonadas".

Las otras 22 familias, las que residen en la esquina del nuevo barrio temen que les pase lo mismo. "Ahí las obra va a llegar dentro de unos cuantos meses", advierte Uriarte. Fernando del Pozo, uno de estos afectados, explica que vive en una vivienda de más de 480 metros cuadrados, con piscina, por la que le quieren pagar 18 millones. "Luego, una vivienda aquí, de 480 metros cuadrados, no va a costar 18 millones. Eso lo tengo claro. Yo pido que me den lo que es justo, porque nosostros estábamos aquí tan a gusto, desde hacía muchos años; no hemos sido nosotros quienes les hemos llamado", se queja Del Pozo. "Si no nos dan lo que pedimos, que en mi caso puede llegar a más 70 millones, nos van a tener que sacar a tiros", añadió.

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río (PP) explicó que el asunto no es competencia del Ayuntamiento. "Eso es asunto de la junta de compensación, pero lo que está claro es que las obras no pueden pararse. La ley decidirá".

El presidente de la junta de compensación aseguró que, si no hay acuerdo con los vecinos, al final será un juez el que decida. "Él dirá lo que hay que pagar a esta gente. Y a partir de entonces, será la policía o la Guardia Civil la que se encargue de echar a esa gente", explicó.

Las obras no se van a detener: la próxima semana, según explicó el martes el Ayuntamiento, se colocarán los ladrillos de los primeros pisos del nuevo barrio.

El cabrero que llegó hace 50 años

En abril del año pasado, el alcalde, José María Álvarez del Manzano, (PP) colocó la primera piedra de lo que, en una decena de años, será un nuevo barrio de más de 36.000 vecinos. 50 años antes había llegado a ese mismo lugar, procedente del barrio de Prosperidad, José Luis Castello, de 70 años. "Por entonces esto era campo, puro campo, y yo me dediqué a lo que sabía, a tener cabras, ovejas, vacas y cerdos", explicaba ayer este hombre encima del cerro donde vive ahora, completamente rodeado de obras y excavadoras. En ese mismo lugar nacieron sus cinco hijos, para los que, según fueron creciendo y casándose, les construyó una casa baja al lado de la suya. Los hijos tuvieron a su vez hijos, nacidos allí, y ahora son 10 los nietos de Castello que viven en Sanchinarro.Hace meses, uno de los hijos del pionero tuvo que alquilar una finca en Cienpozuelos para poder aparcar allí el rebaño de cabras y el de ovejas. "Claro, a ver, con tanta obra se peló todo el campo y las ovejas se morían de hambre". Paga 130.000 pesetas al mes por el alquiler de la finca y del corral. Castello ha puesto en manos de un abogado las negociaciones con la constructora, aunque asegura que, o le dan dinero "más de 30 millones", o él no abandona los más de 1.000 metros cuadrados que él compró hace cinco décadas. La junta de compensación, por medio de la expropiación, le ofrece 7.000 pesetas por metro cuadrado, es decir, siete millones de pesetas. "O un piso, es verdad que dicen lo del piso, pero ¿qué hago yo con un piso?" Y enseña un rebaño de vacas delgaduchas que mantiene encerradas tras una verja.

El presidente de la junta de compensación , Alejandro Uriarte, aseguró ayer que cada hijo de la familia de Castelló tendría derecho a un piso de realojo pero los mismos afectados desconocían ayer en qué condiciones.

"Aquí no nos explican nada. Una vez nos dijeron que para tener derecho a un piso, tendríamos que pagar una letra de unas 60.000 pesetas al mes. Y no tenemos dinero para eso, entre otras cosas, porque tenemos que pagar el alquiler de la finca de las cabras, que costa 130.000 al mes", explicó Rosa Santano, nuera de Castelló.

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Sobre la firma

Antonio Jiménez Barca
Es reportero de EL PAÍS y escritor. Fue corresponsal en París, Lisboa y São Paulo. También subdirector de Fin de semana. Ha escrito dos novelas, 'Deudas pendientes' (Premio Novela Negra de Gijón), y 'La botella del náufrago', y un libro de no ficción ('Así fue la dictadura'), firmado junto a su compañero y amigo Pablo Ordaz.

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