Justicia aumenta el control sobre las entidades de adopción internacional

El Departamento de Justicia de la Generalitat está ultimando un decreto que aumentará el control sobre las diez Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAI) que funcionan en Cataluña y que actúan de intermediarias entre la familia y el centro en el que está ingresado el niño en su país de origen.

De esta forma, la Administración pretende frenar la situación creada en los últimos años, en que se ha doblado la demanda de adopciones internacionales a un ritmo mucho mayor que el de niños asignados, y atajar las críticas realizadas por familias adoptantes que han pasado por este trámite. El decreto ya está redactado y ha sido entregado a las ECAI, a las asociaciones de padres y a los grupos del Parlament por si quieren realizar alguna precisión final. Justicia confía en que en dos meses pueda entrar en vigor.Con la nueva regulación, la acreditación de una ECAI se realizará a través de un concurso público y la adopción internacional se conviertirá en un servicio con precios tarifados para cada país. Hasta ahora sólo se exigían unos requisitos administrativos a las ECAI y a pesar de que el precio era el convenido con la Generalitat, no existía una obligación estricta de mantenerlo. Algunas familias han denunciado en los últimos años que durante el proceso se les exige más dinero para agilizar los trámites de adopción o como requisito para continuarlos.

Teóricamente las ECAI son entidades sin ánimo de lucro y esas prácticas están prohibidas. La Generalitat, además, controla su economía y otro de los aspectos que recogerá el nuevo decreto es que en caso de que esas entidades tengan beneficios, el dinero se utilice para proyectos de cooperación con los países de procedencia de los niños o, en algún caso, para facilitar la adopción a familias sin recursos.

Apertura de nuevos países

El hecho de sacar a concurso la adopción internacional también abrirá la oferta a otros países y no habrá que esperar a que la fijen las ECAI. Esa norma determinará también que el número de solicitudes a los países de origen de los niños no podrá superar el triple de las asignaciones del año anterior. Así se evitará que se acumulen expedientes y se reducirá el tiempo de espera hasta la asignación, que oscila ahora entre los dos y los tres años.

Si en 1997 las familias catalanas presentaron 822 solicitudes y se asignaron 119 niños, el año pasado fueron 1.522 peticiones y se concretaron 376 adopciones, lo que ilustra la desproporción entre la demanda y la oferta.